Estados Unidos y 13 aliados del Escudo de las Américas, fundado por el presidente Donald Trump, denunciaron los “esfuerzos para derrocar” al gobierno de Bolivia, presuntamente financiados con “dinero sucio del narcotráfico”; al tiempo que las fuerzas del orden del país andino habilitaron una ruta a los valles bajos con el fin de abastecer de alimentos a La Paz, en el día 36 de protestas y bloqueos de carreteras por parte de organizaciones sociales, que comenzaron con demandas sectoriales y ahora exigen también la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
“Respaldamos al gobierno democrático de Paz en su lucha contra los intentos de hacer retroceder a Bolivia. Quienes están financiando estas protestas con dinero sucio procedente del narcotráfico y el crimen transnacional deben rendir cuentas”, afirmó la organización internacional en un comunicado conjunto. “Quienes tengan reclamos legítimos deben aprovechar la disposición del gobierno al diálogo”, precisó en el texto.
“La ley de la turba no puede remplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas, de pasar página”, añadieron, en referencia al giro político que dio el país andino al elegir a un presidente de centroderecha, frente al Movimiento al Socialismo que gobernó durante 17 años, bajo el liderazgo de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Creado en marzo pasado por Trump, el Escudo de las Américas es una alianza de gobiernos conservadores para seguir supuestamente la política de mano dura de Wa-shington contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El mandatario boliviano acusó a Evo Morales de utilizar “las justas reivindicaciones de las organizaciones” sociales para impulsar la ruptura “del orden constitucional democrático”, como parte de una estrategia para continuar evadiendo la justicia, que dictó una orden de aprehensión en su contra en un caso de trata de personas derivado de su relación con una menor de edad cuando era presidente.
También señaló a Morales de financiar las protestas con dinero del narcotráfico: “hay un señor que está haciendo uso de recursos económicos que nacen de lo ilícito y que utiliza a los movimientos sociales y al sufrimiento del pueblo para defenderse de sus problemas judiciales”, afirmó.
Paz, en el poder desde hace siete meses, llamó a los dirigentes de los principales sectores movilizados, Mario Argollo, de Central Obrera Boliviana, y Vicente Salazar, de la federación campesina Tupac Katari a no dejarse “utilizar, ni quebrantar la Constitución y la democracia para salvar a una persona de sus problemas con la justicia”.
Ambos dirigentes anunciaron la continuación de las medidas de presión, con la renuncia de Paz como única exigencia. El mandatario reiteró su convocatoria a dialogar con sectores que presenten “reivindicaciones legítimas y demandas sociales”. Al mismo tiempo, el Congreso examina una ley para declarar un posible estado de excepción.
Policías y militares desbloquearon ayer una ruta para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, con equipos antidisturbios seguidos de tractores, y rehabilitaron el tránsito de pasajeros y carga desde comunidades agrícolas. Los uniformados continuaron luego el patrullaje de cerros cercanos para evitar el retorno de los manifestantes y aprehendieron a tres de ellos.
Sin embargo, anoche se mantenían al menos 84 puntos de bloqueo en las rutas de seis departamentos del país, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras.