El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez propuso una iniciativa de reforma para reconocer el derecho a la educación continua en contextos de enfermedad, discapacidad o emergencia. La propuesta establece la obligación del Estado de garantizar servicios educativos en hospitales, domicilios o mediante plataformas digitales, según las condiciones del estudiante, creando formalmente la educación hospitalaria y domiciliaria como una modalidad del Sistema Educativo Nacional.
La iniciativa plantea que las autoridades educativas se coordinen con el sector salud para identificar a la población objetivo, dar seguimiento a su trayectoria y garantizar su reintegración al sistema escolar, evitando así la pérdida de ciclos escolares. Asimismo, propone la obligación de generar estadísticas y registros que permitan dimensionar el fenómeno para diseñar políticas públicas adecuadas.
Para asegurar la continuidad educativa cuando la presencia física no sea posible, la reforma contempla el uso de tecnologías de la información como herramientas clave. Además, estipula la capacitación obligatoria de los docentes para atender estas modalidades con un enfoque inclusivo y sensible a las condiciones de salud de los alumnos.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) señaló que esta iniciativa busca cerrar un vacío legal que afecta a una de las poblaciones más vulnerables del país.
«Buscamos garantizar que ninguna niña, niño o adolescente vea interrumpido su derecho a la educación por motivos de salud, discapacidad o emergencia, materializando los principios constitucionales de igualdad, inclusión y dignidad, y reafirmando el compromiso con el interés superior de la niñez», afirmó.
César Domínguez destacó que el interés superior de la niñez obliga a las autoridades a priorizar el desarrollo integral de los menores, lo cual implica atender no solo su salud física, sino también su bienestar educativo y emocional.
Respecto al papel de las familias, el diputado chihuahuense aclaró que, si bien la corresponsabilidad de madres, padres y tutores es fundamental, no se les puede trasladar a ellos la carga de garantizar este derecho en condiciones de enfermedad. El Estado, afirmó, es el principal obligado a generar los mecanismos y apoyos necesarios para que las familias acompañen el proceso sin enfrentar barreras adicionales.
Finalmente, el legislador expuso que en Chihuahua ya existe una coordinación interinstitucional que ha permitido habilitar aulas dentro de los hospitales para atender a menores en tratamientos prolongados.
«Las experiencias documentadas en Chihuahua evidencian que estos modelos no solo son viables, sino profundamente exitosos. Permiten continuar la formación académica mediante esquemas flexibles y adecuaciones curriculares acordes a la condición médica, evitando el rezago y la deserción escolar», apuntó.
Abundó que estos casos de éxito demuestran que la medida es completamente realizable: «Lo único que falta es elevarlo a rango legal para que deje de depender de esfuerzos aislados o voluntades temporales, y se convierta en una obligación permanente del Estado mexicano, con cobertura nacional y mecanismos claros de exigibilidad», concluyó.