Por Víctor Barrera
Con la posibilidad de que se postergue hasta el 2028 la elección de la otra mitad del Poder Judicial se busca ganar tiempo solamente. Pero no se establece como se motivaría la certidumbre en nuestro país.
Recordemos que, con la primera parte de la reforma al Poder Judicial, los resultados no han sido tan alentadores como se señalaban, sino todo lo contrario. La incertidumbre sigue estando presente en el ánimo de los inversionistas y esto se ha traducido en un estancamiento de la economía nacional con sus daños colaterales de esto.
Sin embargo, no hemos visto que se establezca una verdadera estrategia para cambiar esa percepción que los inversionistas tienen y solo escuchamos un optimismo de parte del secretario de Hacienda, Edgar Amador manifestando que pronto llegaremos a la consolidación fiscal y esto permitirá regresar al camino del crecimiento económico. Pero no se habla de cómo se disminuirá la incertidumbre.
Es importante recordar que, recientemente, la calificadora Standard and Poors (S&P) puso en negativa la calificación de deuda soberana de México y aun cuando no es un cambio de calificación, si muestra la preocupación de esa institución con relación a la confiabilidad de la economía mexicana en el futuro y de no cambiar el rumbo puede implicar una menor calificación en los próximos 24 meses.
El anuncio de S&P tiene tres consecuencias negativas. La primera es la evidencia las debilidades que tiene la economía mexicana. La segunda esto representa la continuación de una tendencia en el deterioro de la calificación soberana de México que se inició en 2019. Y la tercera es que esto puede desembocar en una reducción de la calificación y colocaría a la economía del país en una pérdida del grado de inversión.
Esto por supuesto no es algo que necesite nuestra economía, porque esto deriva en que la deuda se vuelva demasiado riesgosa ante quienes han confiado en el país y los inversionistas buscarían dejar de tener esa deuda en sus portafolios. Esto es no habría una mayor captación de inversión privada para México.
Por supuesto que el estancamiento de la economía continuaría y nos llevaría a lo peor de nuestro pasado.
Sin embargo, el gobierno federal sigue empeñado a observar más el lado político, el no perder el poder y no el económico que es buscar crecimiento económico y bienestar de la población.
Una disminución en la calificación crediticia mexicana por parte de S&P implicaría que sería la segunda de tres calificadoras que coinciden en lo mismo. Esto nos llevará a pagar mayores tasas de interés por la deuda pública, impactando en la situación fiscal del gobierno y nos colocaría con menores calificaciones crediticias.
Para evitar esto, es necesario que el gobierno con voluntad política deje de lado sus aspiraciones de poder y trabaje para cambiar todo aquello que siguen siendo factores determinantes en el estancamiento económico, como son la incertidumbre jurídica, derivada de la reforma judicial y la falta de incentivos para captar inversiones, por la concentrar el poder en uno solo que significa un autoritarismo.