La iniciativa de reforma al Código Fiscal, enviada al Congreso Federal, que propone eliminar la prelación de garantías en los procedimientos fiscales, es un avance relevante hacia un sistema tributario más equilibrado, eficiente y con mayor certidumbre jurídica, señala el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El máximo organiismo empresarial explica que la propuesta contribuye a corregir una rigidez operativa que, en la práctica, generaba costos adicionales y limitaciones innecesarias para las empresas que ejercen su derecho a la defensa.
Apunta que ahora se le permite a los contribuyentes elejir la modalidad de garantía más adecuada a su situación financiera y operativa. “Con esto se reduce la carga administrativa,se evita la inmovilización desproporcionada de recursos y se favorece la continuidad de las actividades productivas mientras se resuelven los procesos fiscales”.
La llamada cupula empresarial reitera que desde su punto de vista el ajuste normativo fortalece condiciones clave para el desarrollo económico. En particular, mejora la liquidez de las empresas, disminuye espacios de discrecionalidad, eleva la certeza jurídica y reduce controversias accesorias que no abonan al fondo de los asuntos fiscales. Todo ello incidepositivamente en la confianza para invertir, crecer y generar empleo en el país.
“Es importante destacar que la iniciativa mantiene intacta la obligación de garantizar el interés fiscal, preservando así la solidez de la recaudación y el equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los contribuyentes”apunta el CCE
En este sentido, manifiestan que la reforma implica una mejora en los mecanismos para cumplir con dicha obligación de manera más eficiente y proporcional.
El CCE resalta que medidas como ésta reflejan la importancia de avanzar hacia un marco fiscal más moderno, predecible y alineado con las necesidades de la economía productiva. Reconocemos la apertura para revisar y ajustar disposiciones que, sin comprometer los objetivos recaudatorios, contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho y a generar mejores condiciones para el desarrollo del país.
Por ultimo se subrayá que el sector empresarial reitera su disposición para seguir abonando al diálogo en la construcción de políticas públicas que impulsen la inversión, la competitividad y el crecimiento del país