Para fortalecer el seguimiento gubernamental y social de activos digitales o criptoactivos, la asociación civil Transparencia Mexicana propuso que la declaración patrimonial y de intereses de servidores públicos, sobre todo de quienes resulten electos en los comicios del 2027, incluya información sobre sus cuentas en paraísos fiscales.
“En la última década se ha ampliado la definición operativa de ‘paraíso fiscal’ y ahora también incluye a los activos digitales: bitcoin, stablecoins, tokens, programas de lealtad o millas’’, explicó Eduardo Bohórquez.
El director de Transparencia Mexicana consideró necesaria una reforma anticorrupción “que considere tanto la posición del gobierno, que en muchos temas es sensata, como las necesidades de un país que ya cambió respecto a 2015’’.
“Ante la cascada de casos de corrupción y acusaciones sobre la integridad de funcionarios públicos de todas las fuerzas políticas, México necesita replantear su estrategia anticorrupción, poniendo foco en la relación entre los funcionarios electos y fuerzas criminales que buscan amedrentarlos o capturarlos por la vía económica’’, cita el comunicado emitido por la asociación civil.
Detalla que derivado de un análisis profundo de los casos de corrupción ocurridos en los últimos diez años en México, Transparencia Mexicana, quien ha empujado por años mejoras en los sistemas de integridad pública en México, propuso revisar los formatos de declaración patrimonial y de intereses a fin de fortalecer el seguimiento gubernamental y social de activos digitales o criptoactivos.
Así como revisar la forma como los funcionarios públicos declaran sus propiedades y activos en paraísos fiscales para que no escondan, como sucede hoy, los beneficios ilegales de la corrupción, y también la manera en que operan las redes criminales.
“Los formatos de declaración patrimonial que utiliza el Estado mexicano no permiten registrar con claridad y de manera estructurada estos activos digitales o desagregar el tipo de activo del que se trata, y mucho menos su seguimiento en caso de acusaciones por corrupción.
“Independientemente del monto de las inversiones que tiene un servidor público, cantidad que puede variar de un momento a otro, es central que la población sepa que sus funcionarios tienen inversiones en paraísos fiscales, lo que puede afectar los ingresos fiscales del país y facilitar que se escondan activos que permiten conocer y monitorear la situación patrimonial de una persona funcionaria pública’’, consigna.
La iniciativa refiere que aunque es positivo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) endurezca su posición ante los contribuyentes para fortalecer los ingresos públicos, todavía hay mucho por hacer cuando se trata de personas funcionarias públicas.
Las medidas propuestas incluyen fortalecer la capacidad de las autoridades fiscalizadoras, “que hoy cuentan con pocas herramientas para monitorear estos activos, razón por la cual, en el pasado, algunos órganos de control las consideraban ‘engorrosas’’’.
Por último, la asociación civil anunció que establecerá contacto con legisladores y autoridades anticorrupción para detallar los ajustes normativos necesarios para hacer accionable esta medida, inscrita en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.