Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel afirmó que no importa quién haya cometido una irregularidad, qué cargo ocupe o a qué institución pertenezca: “si existen elementos para investigar, la ASF actuará conforme a la ley”.
Ello, “porque detrás de cada peso que se desvía hay una necesidad que no se atiende. La corrupción no solamente representa un daño al erario, representa un daño directo al bienestar y al futuro de nuestro país”, destacó el titular de la Auditoría Superior de la Federación en la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
Luego de hacer mención de su compromiso por actuar sin distinciones, sin privilegios y sin encubrimientos, afirmó que hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano.
Destacó que hoy se presentan resultados que reflejan una nueva etapa en la fiscalización superior del país. Una etapa en la que la Auditoría está ampliando sus capacidades para auditar, investigar y actuar con mayor oportunidad frente a las irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
El propósito es muy claro: que cada peso del presupuesto público sea ejercido conforme a la ley y que quienes hagan mal uso de los recursos enfrenten las consecuencias. “Porque la fiscalización no puede limitarse solo a establecer observaciones. Debe contribuir a esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos”, enfatizó.
En esta segunda entrega –mencionó– se presentan 374 Informes Individuales de auditoría, correspondientes a 42 auditorías a municipios, 286 auditorías a entidades federativas y 46 auditorías a entes del orden federal, y como resultado de estas revisiones, se identificaron más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los 3 órdenes de gobierno.
Precisó que entre los hallazgos del orden federal destaca el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, donde identificamos movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, así como en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sumando entre ambos casos un monto observado por dos mil 327 millones de pesos, los cuales deberán acreditar en las instancias correspondientes del proceso de fiscalización.
Uno de los principales desafíos de la fiscalización superior se encuentra en el ejercicio de los recursos federales por parte de los gobiernos estatales y municipales. En esta segunda entrega, las auditorías a las entidades federativas registraron más de mil 200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud, y antes de la conclusión de nuestras revisiones, las entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos; principalmente Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California.
En este caso, externó, el sector salud es el que concentra el mayor monto reintegrado, acumulando 553 millones de pesos. “Estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mejores condiciones de atención para la población”.
El auditor Aureliano Hernández subrayó que, para facilitar el análisis de esos resultados, está entregando ocho documentos denominados Informes de la Fiscalización Nacional, que agrupan los principales hallazgos por ejes temáticos, entre ellos educación, salud, infraestructura social y disciplina financiera.
Resaltó que en esta segunda entrega se da cuenta de 42 auditorías municipales, en las que se revisó el cien por ciento de los recursos federales otorgados a esos gobiernos, por lo que el resultado es relevante, ya que más de cinco mil 200 millones de pesos quedaron sin acreditar su destino; es decir, “la totalidad de los recursos federales asignados a estos 42 municipios no pudieron ser acreditados ante la Auditoría”.
Propuso la implementación de una plataforma la cual permita a los entes que estén por culminar su mandato, subir la información de las cuentas públicas pendientes por auditar en los servidores de la Auditoría Superior. Y, en caso de que exista una negativa para entregar la información, con el fin de obstaculizar los trabajos de fiscalización, se aplicará todo el rigor de la ley.
Hizo referencia al convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que amplía nuestras capacidades de intercambio y análisis de información para identificar operaciones de riesgo y posibles conflictos de interés, así como la colaboración para la elaboración de un Padrón de Personas Políticamente Expuestas, y se está por liberar su sistema de Registro Nacional de Información y Datos.
Asimismo, dijo, se suscribió un convenio con la Comisión Nacional Antimonopolio, para fortalecer la identificación de posibles prácticas anticompetitivas, acuerdos indebidos y colusiones entre empresas participantes en las contrataciones públicas.
El auditor subrayó que detectar irregularidades no es suficiente. Una fiscalización efectiva debe tener consecuencias. En ese sentido, en materia penal, a tan solo seis meses del inicio de esta gestión, se han presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, y de las 21 denuncias informadas en el informe pasado, todas han sido judicializadas.
Resaltó que por primera vez se presentaron tres denuncias penales relacionadas con auditorías en desarrollo; es decir, se presentaron antes de que concluyeran el proceso de fiscalización.
“Los informes de hoy dan cuenta que estas denuncias corresponden a hallazgos relacionados con obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y la presentación de documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento del pago de cuotas de seguridad social en perjuicio tanto del Estado mexicano como de trabajadores del servicio de intendencia de la empresa que falsificó la documentación”, precisó.
Agregó que en esta entrega se determinan 60 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, “mediante las cuales informamos a autoridades como el SAT y el IMSS sobre incumplimientos en el pago de contribuciones y cuotas de seguridad social”.
Por ello, llamó a las personas titulares de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno que verifiquen desde ahora que sus proveedores y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social desde el inicio y durante la vigencia de los contratos, porque de no hacerlo implica un posible daño a las arcas del Estado.
La Auditoría –comentó– no tiene gestores, representantes particulares ni utiliza despachos; es decir, “no toleramos el coyotaje, prueba de ello es que a la fecha hemos presentado 9 denuncias penales por este tipo de prácticas”.
Reconoció la decisión de este Congreso de la Unión de fortalecer el marco jurídico de la fiscalización superior mediante las reformas aprobadas en mayo de este año. Estas nuevas facultades no se quedaron en el papel. “Ya las estamos ejerciendo, y las investigaciones que presentan muestran cómo estamos utilizando estas nuevas atribuciones para investigar hechos concretos, preservar pruebas y promover las acciones legales que correspondan”.
Relató que en Nuevo León y Sinaloa “identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.
Sobre las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para la aplicación del examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que “estamos procediendo en los términos legales contra las autoridades universitarias y particulares responsables del fracaso de la aplicación del examen”.
También, añadió, se logró el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio, mediante un mecanismo jurídico innovador, con el fin de conservar pruebas fundamentales para la investigación. “El mensaje es claro: la suscripción de un contrato gubernamental es una corresponsabilidad en la prestación de un servicio público, quien lo firma asume una obligación ante la ciudadanía y el Estado mexicano”.
Informó que se ha iniciado una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral. “Esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.
Sostuvo que, a través de diversos requerimientos de información, se realiza un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, “con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.
El auditor Hernández Palacios Cardel destacó que la ASF realizó diversos trabajos de inteligencia que le permitieron identificar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por ocho mil 870 millones de pesos, con diversas entidades públicas entre el 2014 y el 2026. De este monto, tres mil 790 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales.
De igual manera, se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas, trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padrón de importadores, indicó.
Adicionalmente, manifestó, se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos; es decir, “la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados, y se detectaron registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno”.
Otra línea de investigación –explicó– gira en torno a las posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones, en menoscabo del patrimonio público. En los análisis de inteligencia que dan motivo a la investigación, se identificaron redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas.
“Estas investigaciones se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso. Nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos, preservar las pruebas y promover las acciones legales que correspondan”, puntualizó.
Se pronunció por tener instituciones sólidas, leyes eficaces y una coordinación permanente entre el Poder Legislativo, las autoridades de justicia y los órganos responsables de combatir la corrupción. “Tenemos que acabar con los esquemas de simulación existentes en el combate a la corrupción. Por eso, estamos trabajando con ustedes en las propuestas para una reforma constitucional que nos permita sancionar de manera directa y lograr así una más expedita recuperación de los recursos públicos”.
Añadió que se requiere una institución sólida que no sólo audite e investigue, sino que atienda la exigencia ciudadana para sancionar a quienes incumplen la ley, y recuperar los recursos públicos que se hayan ejercido de manera indebida, “porque la corrupción en los lugares en donde todavía existe es inaceptable, es momento de terminar con la impunidad. Porque estoy seguro de que un México sin corrupción es posible”.