Diputados federales del PRI exigieron esclarecer hasta sus últimas consecuencias los presuntos actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), al advertir que la crisis que enfrenta el organismo es consecuencia de decisiones e imposiciones políticas de Morena que han comprometido su autonomía.
Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, los legisladores Emilio Suárez, Carlos G. Mancilla y Arturo Yáñez señalaron la responsabilidad política de Morena en el deterioro de la institución y demandaron investigaciones completas, transparencia y sanciones para quienes resulten responsables.
El diputado Emilio Suárez Licona advirtió que la crisis institucional del INE es consecuencia de una cadena de decisiones e imposiciones que deben romperse. Sostuvo que existe una colonización del organismo por parte de Morena y señaló el caso de Carlos Daniel Luna Rosas, quien, después de colaborar con Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Instituto, fue nombrado jefe de la oficina de la Presidencia durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Recordó que a Luna Rosas se le atribuyen señalamientos relacionados con las boletas electorales, los Servidores de la Nación y la falta de fiscalización de campañas anticipadas de Morena. Cuestionó la eliminación de decisiones colegiadas y afirmó que el gobierno y Morena deben asumir su responsabilidad política frente a los mexicanos.
Suárez Licona reprochó que los informes semestrales del OIC no hayan dado cuenta de los hechos que hoy se conocen públicamente y consideró insuficiente el formato de la comparecencia ante la magnitud del problema.
Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla calificó la situación del INE como una de las crisis más graves de la historia democrática del país y sostuvo que no se trata de una coyuntura mediática ni de una simple falta administrativa. Advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei, la salida de altos funcionarios, las investigaciones sobre contrataciones y los señalamientos de conflictos de interés obligan a esclarecer quién tomó las decisiones, quién intervino en los contratos y quién pudo obtener beneficios indebidos.
Expuso presuntas relaciones entre funcionarios del organismo y operadores de Morena. Mencionó también el caso de Daniel Luna Rosas, quien recibió 257 mil 747 pesos por asesorar jurídicamente a la representación de Morena ante el INE y posteriormente fue nombrado jefe de la oficina de la Presidencia del Instituto.
Carlos G. Mancilla puso sobre la mesa el caso de Arturo Manuel Chávez López, quien antes de convertirse en consejero electoral dirigió Talleres Gráficos de México y firmó un contrato relacionado con la producción de credenciales para votar, reportado en aproximadamente mil 300 millones de pesos. Exigió revisar el procedimiento de contratación, la competencia entre proveedores, las condiciones de adjudicación y las declaraciones de intereses.ñ
Destacó que existen al menos 16 investigaciones iniciadas en 2025 y 2026, 11 relacionadas con contrataciones públicas, al menos 15 servidores y exservidores públicos involucrados, 18 empresas y 25 investigaciones adicionales derivadas de auditorías y revisiones. Exigió conocer las irregularidades acreditadas, las sanciones y las denuncias presentadas ante las autoridades competentes.
El diputado Arturo Yáñez Cuéllar cuestionó que, ante la gravedad de los hechos que enfrenta el organismo electoral, se pretendiera limitar la participación de los legisladores durante la comparecencia del titular del OIC. Consideró que se trata de un problema de relevancia nacional que exige tiempo suficiente para formular preguntas y obtener respuestas, por lo que pidió evitar cualquier intento de censura a las intervenciones.
El legislador priista recordó que durante años hubo una defensa para evitar que se vulnerara al INE. Sin embargo, sostuvo que Morena no solamente tocó la función electoral del organismo, sino también su administración, por lo que exigió que esta situación quede asentada y sea investigada.
Los diputados del PRI demandaron al titular del Órgano Interno de Control preservar las evidencias, investigar las contrataciones cuestionadas, esclarecer los posibles conflictos de interés y determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. Enfatizaron que México necesita un árbitro electoral independiente, confiable y libre de presiones políticas