El diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM)impulsa una iniciativa para establecer una pena de cincoa siete años de prisión (actualmente es de 2 a 7 años) a quien dé en comodato, arrendamiento o alquiler un bien inmueble, casa o habitación bajo conocimiento de que es utilizado para cometer cualquier delito en el contexto de trata de personas.
La propuesta de modificación al artículo 34 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En su exposición de motivos, considera lanecesidad de avanzar hacia un modelo más responsable para combatir las condiciones materiales que facilitan la explotación humana, por lo que con esta reformafomentará la seguridad pública, permitirá desmantelarredes criminales y mantendrá a las víctimas más seguras.
Además, se ajusta a las obligaciones internacionales de México que requieren que los Estados implementen acciones legislativas efectivas, a fin de disuadir, investigar y castigar todas las formas de participación en este delito y desmantelar los marcos desde los que se pueda perpetrar.
Expone que con menos espacios de operación utilizados por los grupos criminales, surgirán más oportunidades para rescatar personas, reunir evidencias o desmantelar organizaciones comprometidas con estas faltas.
Señala que los grupos criminales que han entregado su propiedad para la trata de personas deben enfrentar las consecuencias. Es necesario contribuir al desarrollo de una sociedad en la que ningún ser humano pueda ser utilizado como objeto para la explotación de otra persona.
Ante ello, recalca que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad constitucional y moral de perfeccionar la ley para eliminar las nuevas formas del crimen organizado, pues nada debe privilegiarse más que la dignidad humana por encima de cualquier interés económico.
En este sentido, alude que estudios nacionales e internacionales revelan que las redes de trata de personas necesitan infraestructura física para funcionar como casas residenciales, hoteles, establecimientos comerciales, ranchos, propiedades de alquiler y otros espacios privados, que utilizan para ocultar, transportar, explotar o mantener a las víctimas privadas de su libertad.
De ahí que sin estos espacios el delito es muy difícil de cometer y se vuelve más complicado; por ello,el Estado mexicano necesita fortalecer el marco legal para enfrentar no solo a los perpetradores directos, sino a aquellos que con conocimiento de los hechos facilitan o permiten que esos actos criminales ocurran al adquirir o utilizar sus propiedades.
El diputado López Hernández concluye que una disposición como esta es necesaria para acabar con la impunidad de las organizaciones criminales que con acuerdos de arrendamiento, prestanombres o simulaciones legales, utilizan el anonimato para encubrir la explotación con fines de lucro.