Impulsa transporte gratuito para estudiantes mexiquenses

La diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno del Estado de México —por conducto de la Secretaría de Movilidad y del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem)— a implementar un esquema de gratuidad o apoyo económico para el transporte público de las y los estudiantes de educación primaria, secundaria y media superior.

La propuesta contempla un subsidio de hasta 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales por estudiante, priorizando a quienes se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad o necesidad económica.

Asimismo, la legisladora priista solicitó que dicho esquema contemple, de manera progresiva y conforme a la disponibilidad presupuestal y de coordinación, su aplicación en los distintos sistemas de movilidad utilizados por el alumnado. Esto incluye transporte público colectivo, transporte masivo, Mexibús, Mexicable, el Tren Suburbano, el Tren Interurbano “El Insurgente”, así como los sistemas ferroviarios vinculados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los demás servicios integrados al sistema de movilidad estatal.

Exigió establecer los mecanismos de coordinación y los convenios necesarios con las autoridades federales, de la Ciudad de México, municipales y organismos operadores para garantizar la interoperabilidad del beneficio, particularmente cuando las y los estudiantes requieran realizar transbordos o utilizar diferentes modalidades de transporte en sus trayectos escolares.

La congresista del PRI también hizo un llamado a mantener y fortalecer los beneficios de gratuidad o tarifa preferencial de los que ya gozan actualmente ciertos sectores.

En el mismo sentido, la diputada mexiquense exhortó al gobierno estatal a realizar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestarios necesarios para definir la población beneficiaria, la cobertura territorial, las reglas de operación, los mecanismos de registro y validación, la interoperabilidad, la transparencia y las fuentes de financiamiento del programa, procurando su permanencia en los instrumentos de planeación y presupuestación del estado.

Finalmente, señaló que la educación no puede estar condicionada por la capacidad económica de una familia para pagar el traslado: “Garantizar la movilidad de las y los estudiantes debe convertirse en una prioridad de política pública, porque asegurar que una niña, un niño o un adolescente pueda llegar a la escuela también significa garantizar su derecho a construir un mejor futuro”.