A fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, el diputado Venustiano Caamal Cocom, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa ante la Comisión Permanente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
La propuesta plantea fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la atención pública en lenguas indígenas, impulsar la digitalización de contenidos gubernamentales y consolidar mecanismos de preservación y difusión de las lenguas originarias, mediante una actualización del marco jurídico acorde con la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas de 2024.
Al respecto, el legislador federal señala que, aunque México es una nación pluricultural y multilingüe, millones de personas indígenas continúan enfrentando barreras para acceder a servicios públicos, programas gubernamentales y procesos judiciales en su lengua materna. «No obstante, los avances constitucionales recientes, persiste una brecha entre el reconocimiento normativo de los derechos lingüísticos y su ejercicio efectivo».
Expuso que, pese a que el Estado mexicano cuenta con un marco jurídico amplio y progresivo en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente en lo relativo a sus derechos lingüísticos, dicho marco presenta insuficiencias de carácter operativo y de exigibilidad, “que hacen necesario un proceso de armonización y actualización normativa, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos”.
En ese sentido, el documento expone también que la acelerada digitalización de los servicios públicos, ha generado nuevas formas de exclusión para las comunidades indígenas, debido a la falta de contenidos accesibles en sus lenguas y a la escasa presencia de personal capacitado para brindar atención con pertinencia lingüística y cultural.
Por ello, “resulta jurídicamente necesario y constitucionalmente exigible armonizar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de traducir sus principios generales en obligaciones positivas claras, medibles y fiscalizables”, señaló el legislador por Yucatán.
En ese sentido, la iniciativa tiene por objeto fortalecer la eficacia normativa y operativa de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de garantizar su ejercicio efectivo en los ámbitos sustantivos de la actuación estatal.
Por ello, la reforma propone que la igualdad jurídica entre las lenguas indígenas y el español se traduzca en obligaciones concretas para las instituciones públicas, garantizando la disponibilidad de información, trámites y servicios en las distintas lenguas nacionales, tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.
Asimismo, establece que las personas hablantes de lenguas indígenas tengan garantizada la comunicación con las autoridades mediante portales electrónicos, aplicaciones, ventanillas digitales y sistemas de atención remota, además de fortalecer la presencia de intérpretes, traductores y defensores certificados en todas las etapas de los procedimientos judiciales.
De igual forma, la propuesta pretende fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), para consolidarlo como instancia rectora en materia de preservación, promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, incorporando de manera sistemática la dimensión digital en la política lingüística del Estado.
La iniciativa pretende contribuir a la reducción de brechas territoriales y de género en el acceso a la justicia, a los servicios públicos y a los derechos sociales fundamentales, mediante un enfoque de pertinencia lingüística, territorial y de género, en congruencia con el principio de igualdad sustantiva.
“La reforma propuesta se alinea con las tendencias internacionales más avanzadas en la materia, al buscar que la igualdad de validez lingüística reconocida en el marco jurídico mexicano se traduzca en servicios públicos accesibles, medibles y culturalmente pertinentes, en congruencia con el pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”, apuntó el diputado.