Por Víctor Barrera


El gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena se han visto rebasados ante las acusaciones que Estados Unidos ha realizado a Rubén Rocha Moya y 10 funcionarios públicos del estado, dónde se incluye el senador Enrique Izunza.

Las cosas no han sido fáciles para el gobierno federal que a toda costa se ha colocado como un protector de estos funcionarios señalados anteponiendo sus intereses sobre los del país y los mexicanos.

Esto por supuesto que se ha trasladado a la baja de popularidad del gobierno y el incremento de una percepción negativa sobre Morena. Esto pone en riesgo el triunfo contundente de Morena en los comicios del 2027.

Sin embargo, y siguiendo las enseñanzas del oriundo de Macuspana, el gobierno federal ha empezado a movilizar otras líneas para enturbiar el camino y a “río revuelto” sacar beneficios.

La sospecha de una colusión entre el crimenorganizado y funcionarios públicos sigue creciendo y es por ello que las autoridades norteamericanas han puesto un énfasis especial para combatir esta relación que mucho daño hace no solo a la población mexicana sino a la población del país vecino.

Para nuestros vecinos del norte la holgura del sexenio pasado que permitió a los grupos criminales no solo obtener una tercera parte del país bajo su poder, sino involucrarse directamente en los comicios electorales y más aún colocar en puestos públicos gente cercana a estos grupos,   representa un peligro y por ello su decisión de combatirla.


Para el gobierno mexicano esto ha significado una pérdida de popularidad y un incremento en la decisión del voto hacia los candidatos de Morena. Algo significaría el inicio de una caída del Movimiento que ha trabajado con soberbia y por encima de la población en general.


El resultado sería la perdida de la mayoría en la cámara de diputados, donde el golpe sería aún más duro si tomamos en cuenta que sin esta mayoría, las ocurrencias de este régimen autodenominado 4T ya no serán aprobadas y se corre el riesgo de una modificación a las mismas que llevarían la perdida del poder total en 2030 a Morena.


Ahora se busca revolver el río y aparecer como un movimiento consciente y se ha anunciado una propuesta para postergar la elección de la mitad faltante del Poder Judicial hasta el 2028, además de establecer claramente los perfiles de quienes quieran acceder a integrar este Poder.


Morena entiende que en el 2027 más halla de estar en disputa una serie de cargos públicos, se juega también su futuro político y por ello la intención de seguir revolviendo el río para mantenerse a flote y en los próximos dos años acelerar los cambios que le permitan mantenerse en el poder por varias décadas.


Ahora el futuro de Morena y el régimen de la 4T está en manos de la ciudadanía quien deberá elegir con su voto a los 500 diputados federales, a 17 gobernadores y diputados locales entre otros funcionarios. Pero sobre todo deberá vigilar que su voto si se respete y no se decida en tribunales sus decisiones.