El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las presuntas irregularidades y actos de corrupción señalados contra Guadalupe Taddei y otros funcionarios, informó la consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García.
«Justamente las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República, para deslindar responsabilidades de a quien corresponda [sic], porque puede ser que no nada más se investigue a una persona, sino a varios funcionarios que estén señalados de varias irregularidades», dijo la funcionaria en conferencia de prensa a propósito de los señalamientos sobre contratos por más de 1,800 millones de pesos relacionados con empresas proveedoras durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo.
Cruz, quien rindió protesta como consejera presidenta provisional el 27 de octubre, detalló que a más tardar este miércoles 4 de noviembre se realizará la notificación en la Oficialía de Partes de la Fiscalía.
«Entonces en los términos en que lo vamos a manejar es precisamente en que si se deriva en investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labore en el instituto, es la autoridad competente quien podrá determinarlo», reiteró Cruz.
El INE enfrenta una polémica luego de que se detectara una presunta red de corrupción en la que estaría involucrada la entonces consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, quien el pasado 25 de octubre dio a conocer la decisión de dimitir a su cargo, tras la publicación de reportajes sobre sus supuestos vínculos con un empresario que recibió millonarios contratos.
Dos videos muestran a un contratista junto a Taddei en suntuosos festejos del cumpleaños de la funcionaria y del Día de la Independencia de México. En otro, un hijo de la exfuncionaria aparece disfrutando de un lujoso viaje a París con el mismo empresario.
En su carta de renuncia entregada al INE el pasado 26 de octubre, Taddei indicó que se retiraba «con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido».
Esta crisis se produce además cuando restan siete meses para las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán unos 20,000 cargos federales y estatales.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la semana pasada que prepara una revisión del INE y ya inició una auditoría sobre las operaciones del Instituto correspondiente a los años posteriores.
Por otra parte, Cruz García adelantó que el Consejo General del INE aprobará este jueves un paquete de medidas urgentes y de carácter emergente que incluye la colaboración directa con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que se investiguen las adquisiciones y contratos del todo el instituto.
Por otro lado, ante los cuestionamientos sobre el curso que llevarán los contratos importantes, como la producción de credenciales para votar y la adquisición de indumentaria para el personal en campo (chalecos), la presidenta interina del INE afirmó que las contrataciones actuales se encuentran temporalmente frenadas bajo un esquema de liberación previa y revisión exhaustiva.
Mientras que el contrato de las credenciales para votar, las autoridades electorales aclararon que se trata de un servicio continuo bajo un esquema multianual y que, en caso de que las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o de la FGR deriven en una recesión contractual, se implementarán los mecanismos legales y logísticos necesarios, como el lanzar una nueva licitación, para garantizar que la emisión de micas y los trabajos rumbo al proceso electoral en curso no sufran ninguna interrupción.
«Todos los contratos se van a revisar, eso lo seguimos sosteniendo y así tiene que ser, que los tiene que venir a auditar. La auditoría superior de la Federación sí, tienen que revisarse todos los procedimientos que se hayan hecho para que garanticemos la integridad del servicio y de las contrataciones», dijo.
Asimismo, reiteró que el instituto sigue con la revisión exhaustiva estricta del perfil, el desempeño y los antecedentes de todos los integrantes de la Junta General Ejecutiva a raíz de la crisis y las recientes renuncias que suman 30 hasta este martes.
En este contexto, la presidenta provisional sostuvo que la revisión de estos perfiles no constituye una «cacería de brujas», sino una medida de saneamiento institucional sustentada en criterios colegiados.
Sin embargo, advirtió que aquellos funcionarios con señalamientos públicos graves o investigaciones abiertas no podrán mantenerse en sus cargos. Asimismo, se indicó que las áreas que actualmente se encuentran sin titular, como la Dirección de Recursos Materiales y la Unidad de Género, están operando provisionalmente a través de sus equipos internos para evitar que se frenen las actividades sustanciales.
“Eso es un acuerdo que ya tenemos claro los 10 consejerías, que estamos terminando de delinear justamente estos criterios para las primeras separaciones, pues se dieron en este Marco de este escándalo, de estos señalamientos muy fuertes que todas y todos vimos y que pues no podían esperar. Tenía que venir una separación inmediata en estos supuestos”, advirtió.
Mencionó que es muy probable que siga habiendo bajas y no solamente de nivel directivo, sino de subdirectores, coordinaciones o personal adscrito en alguna área donde definitivamente su desempeño no sea el óptimo para el funcionamiento del instituto, incluso, dijo, sigue abierta la posibilidad de que puedan recibir renuncias de manera voluntaria.