El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas, impidiendo que el Estado aplique de manera retroactiva los topes a sus percepciones.

La propuesta busca modificar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de abril de 2026, con el fin de precisar de forma expresa que las pensiones otorgadas con anterioridad mantendrán los términos, montos y condiciones con los que fueron reconocidas.

El legislador priista explicó que la aplicación retroactiva de los límites de retribución sobre derechos plenamente consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, garantizado en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica, pro persona y protección reforzada a los adultos mayores.

«Las jubilaciones no constituyen privilegios otorgados discrecionalmente por el Estado; son el resultado de décadas de trabajo y de aportaciones realizadas por mujeres y hombres al servicio público. Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro», enfatizó Alejandro Domínguez.

Explicó que la iniciativa resalta que la reforma de abril de 2026 incurrió en contradicciones internas y creó exclusiones desproporcionadas al tutelar regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras dejaba en el desprotegimiento a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.

Además de establecer que la ley debe regir hacia el futuro y no hacia el pasado, el proyecto adiciona un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir íntegramente, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma previa.

El congresista del PRI aseguró que esta acción legislativa se suma a un amplio movimiento social que incluye pronunciamientos en diversos congresos locales y una consulta nacional que recabó más de 200 mil registros ciudadanos y firmas de respaldo en todo el territorio nacional en defensa del trabajo de toda una vida.