Lo que Buenos Aires ve como herramientas del Estado para proteger la soberanía podría agravar las tensiones con Reino Unido por las Malvinas.
La propuesta se articula en torno a tres ejes principales: establecer sanciones para quienes realicen una explotación ilegal de los recursos naturales, ofrecer incentivos que favorezcan el abandono de estas prácticas y proporcionar al Estado herramientas adecuadas para hacer frente a posibles amenazas provenientes del exterior.
Desde el Gobierno, la iniciativa fue presentada como “un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.
La propuesta presentada este jueves 17 de septiembre endurece las sanciones para las empresas y personas que participen ilegalmente en actividades en las Malvinas, así como en los espacios marítimos y la plataforma continental de Argentina, realizando «cualquier tipo de actividad destinada al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables» sin autorización de las autoridades argentinas.
Asimismo, crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el mandatario argentino, para supervisar la política de seguridad nacional y salvaguardar la infraestructura crítica y la soberanía nacional.
Entre sus siete miembros figurarán el jefe de gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el secretario de Inteligencia Nacional y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia.
El proyecto de ley busca «sancionar a quienes exploten ilegalmente nuestros recursos naturales, generar incentivos para que cesen en dicha conducta y dotar al Gobierno nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas», señaló este jueves la Casa Rosada mediante un comunicado.
La nueva iniciativa pretende actualizar la legislación de 2011 mediante un régimen más riguroso y sanciones más severas dirigidas a las empresas, así como a sus accionistas y proveedores, subrayó la nota oficial.
Además, recientemente, Argentina ordenó la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego que había sido anunciada en 2022, sin grandes avances.
Estos movimientos abren un nuevo frente legal en la disputa de soberanía —que dura ya décadas— entre Argentina y el Reino Unido, que el presidente argentino Javier Milei ha reactivado en las últimas semanas.
El miércoles, un día antes de que Milei enviara el proyecto de ley al Congreso, un tribunal federal de la localidad de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego, ordenó detener el proyecto petrolero Sea Lion, de la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas, frente a las islas Malvinas, conocidas por los británicos como Falkland Islands.
El fallo, que responde a una medida cautelar solicitada por dos organizaciones argentinas que señalan riesgo de daño ambiental, exige que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos.
«La abstención ordenada se mantendrá hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental», sostuvo el tribunal.
Por otra parte, la semana pasada, el Gobierno argentino informó que había iniciado procedimientos sancionadores contra al menos 60 empresas y particulares vinculados a la exploración petrolífera en alta mar en torno a las islas, denominadas Malvinas por Argentina.