Por Víctor Barrera
Claudia Sheinbaum entiende a medias lo que necesita al país, y esto porque aún se mantiene sujeta a una ideología que le dicta que el Estado, debe ser rector de los recursos que provengan de la tierra y por ello ha señalado por varias ocasiones y en su segundo informe de actividades de gobierno también lo hizo, que el estado mantendría “la rectoría” en el sector energético.
Esto por supuesto no ayuda en nada en tratar de convencer a los inversionistas de arriesgar sus capitales teniendo como socio a un Estado que ha demostrado que utiliza los recursos públicos de manera electoral.
Explico lo anterior. Durante lo que va del auto llamado régimen de la 4T, se ha buscado garantizar la soberanía energética, que de entenderse cómo garantizar que a cada rincón del país llegue la energía eléctrica, que existan los suficientes combustibles para reducir sus precios y que esto beneficie a la
población a través de la instalación de empresas que no solo generarán empleos sino también salarios que determinen el crecimiento económico de la población y sus poblados.
Pero la ideología de Sheinbaum Pardo, y de quien la asesora, entiende que la soberanía energética se basa en que el único que debe administrar, planear y controlar la distribución, su venta y uso de los recursos generados para su beneficio es el estado y nadie más.
Es decir, a pesar de que Claudia Sheinbaum entiende la necesidad de inversión para potenciar al sector energético, su propuesta que se ofrece desde su Plan México, que significa mucho para ella, está en que este sector se abre para recibir inversiones privadas, pero acotando el porcentaje de administración de la inversión privada de solo el 46 por ciento.
Recordemos que en todas la naciones el principal cuello de botella para alcanzar crecimientos económicos es el sector energético. Mientras más energía se produce la atención de los inversionistas crece, y si esto le permite al inversionista participar en esta generación, obteniendo plusvalía importante, la inyección de recursos de este sector crece aún más.
Sin embargo, en México el factor que inhiben la inversión es precisamente el porcentaje que se ofrece el Estado. Nadie en el mundo invertirá en un sector que administra un Estado y que se ha convertido en un pozo sin fondo, porque a pesar de que se inyectan miles de millones de dólares, este sector no logra obtener finanzas sanas. A esto se suman otros factores como son la certeza jurídica y la erosión de contrapesos regula torios y judiciales en México.
Cuando los inversionistas privados analizan estos riesgos y sobre todo entienden que deberán someterse a las condiciones de un socio minoritario en un régimen de constantes bandazos, más por la ocurrencias e improvisaciones, reconocen un riego mayor y por ello evitan colocar sus capitales.
Porque nadie quiere entregar el control operativo y la toma de decisiones a una burocracia pesada como la existente en CFE y Pemex. Pero tampoco quieren subordinarse a que la rentabilidad de las empresas tenga como prioridades el uso político a través de subsidios.
Esto ha provocado que México deje de ser atractivo, en este sector para la inversión privada y la consecuencia es que no se construyan las suficientes plantas para generar energía, que la modernización de la red eléctrica se detenga y que esto detenga el desarrollo económico de muchas zonas del país
Esto demuestra que la energía no es un sector aislado; es la columna vertebral del desarrollo y si este no se desarrolla en proporción con las condiciones de crecimiento. El estancamiento de las naciones se hace presente.
