A unas horas del regreso a clases, padres de familia alertan sobre una presunta red de venta de drogas en la secundaria Andrés Quintana Roo, de Tetela del Volcán. Un oficio de la propia dirección reportó al menos 15 casos relacionados con sustancias en menos de dos meses, así como el hallazgo de pequeños cristales que, según pruebas toxicológicas citadas en el documento, habrían resultado ser metanfetamina.
El plantel tiene alrededor de 630 estudiantes. El oficio fue enviado el 15 de junio al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), con el asunto “Omisión en el caso de activación de protocolos de introducción de sustancias prohibidas al plantel escolar”.
En el documento, la directora Olga Leticia Prado informó sobre presuntas omisiones en la atención de casos relacionados con la introducción, distribución y consumo de sustancias dentro de la escuela, así como sobre la falta de activación oportuna de los protocolos correspondientes.
El reporte fue dirigido al entonces titular del IEBEM, Raúl Aguirre Espitia, y también menciona la intervención de instancias como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, además de áreas de prevención del delito y Seguridad Pública.
Dos integrantes de la mesa directiva de padres, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva, aseguran que la problemática comenzó a documentarse con mayor énfasis después de que Olga Leticia Prado asumió la dirección del plantel.
Uno de ellos relató que en febrero su hija, entonces estudiante de tercer grado, presentó nerviosismo, sudoración y opresión en el pecho después de salir de la escuela. Tras recibir atención médica, según el testimonio del padre, la menor refirió haber estado expuesta a una sustancia dentro del plantel.
El caso fue informado a Prado, quien, de acuerdo con el relato, activó los protocolos, convocó a los padres de los estudiantes involucrados y dio seguimiento a la situación.
Los padres aseguran que ese no fue el primer reporte relacionado con sustancias.
Uno de los integrantes de la mesa directiva afirmó que previamente informó a la subdirección sobre la presunta venta de vapeadores dentro de la escuela. Según su testimonio, el reporte fue registrado, pero posteriormente no recibió información sobre alguna investigación o seguimiento.
También señalaron el caso de un alumno que habría sufrido una caída dentro de un salón mientras era víctima de bullying.
De acuerdo con el testimonio, el menor presentó posteriormente un hematoma en la cabeza y el caso fue llevado ante directivos y después ante el IEBEM, instancia que habría realizado una supervisión.
Los padres atribuyen a la llegada de Prado un cambio en la atención de los reportes.
Aseguran que la directora llevaba una bitácora de los incidentes, convocaba a las familias y activaba protocolos ante reportes relacionados con sustancias o posibles vulneraciones a estudiantes.
El conflicto se concentró posteriormente en cuatro docentes
Los padres señalan a uno por presunta venta de drogas dentro del plantel; a otra docente, por presuntamente omitir el seguimiento de casos; a una más, por supuesto maltrato a estudiantes, y a otra, por generar conflictos entre alumnos.
En mayo, las familias aseguran que solicitaron al IEBEM una investigación y exámenes antidoping para el personal docente, pero sostienen que no obtuvieron respuesta.
Los dos integrantes de la mesa directiva también aseguran que la secretaria de Educación, Karla Aline Herrera, conocía la problemática desde mayo. Según su versión, le entregaron documentación y expusieron sus quejas, sin que hasta ahora hayan recibido una solución de fondo.
Los señalamientos de los padres contra docentes y autoridades corresponden a sus testimonios y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal o administrativa.
Ante lo que consideraron falta de respuesta, en junio los padres impidieron el acceso al plantel a los cuatro docentes señalados.
Otros maestros se solidarizaron con sus compañeros y dejaron de acudir a la escuela, hasta sumar 29 docentes.
Los 29 docentes denunciaron penalmente al presidente del comité de padres de familia, quien aparece como imputado o investigado en la causa penal JCC/954/2026. El acta de notificación judicial identifica a esas 29 personas como víctimas.
El Ministerio Público solicitó la ratificación de medidas de protección dictadas previamente contra el padre de familia y el Poder Judicial programó una audiencia para el 24 de agosto de 2026, en los juzgados de Cuautla.
El presidente del comité sostiene que la causa penal constituye una persecución judicial en su contra derivada de su participación en las protestas y de los reclamos de las familias para que se investiguen los señalamientos sobre drogas y la actuación de los docentes.
El acta judicial acredita la existencia de la causa penal y de la solicitud de ratificación de medidas de protección, pero no establece responsabilidad penal del investigado ni acredita las acusaciones formuladas por los padres contra los docentes.
La situación de Olga Leticia Prado también permanece en el centro del reclamo.
Los padres aseguran que la directora fue separada del cargo después de documentar los casos y consideran que su situación laboral debe ser revisada, al sostener que fue quien comenzó a dar seguimiento a los reportes presentados por las familias.
El conflicto llegó también a la presidencia municipal. Los padres cerraron temporalmente las instalaciones para exigir la intervención del alcalde Esaú Mendoza Solís ante las autoridades educativas.
Posteriormente sostuvieron una reunión con Adrián Cázares y representantes jurídicos del IEBEM, a quienes entregaron documentación relacionada con el caso.
Sin embargo, los padres sostienen que ya acudieron ante el IEBEM y la Secretaría de Educación y que sus reclamos no han sido atendidos de fondo. Por ello, ahora dirigen su llamado directamente a la gobernadora Margarita González Saravia.
Los integrantes de la mesa directiva aseguran que intentaron entregarle personalmente la documentación y explicarle la situación durante un acto público.
Afirman que posteriormente recibieron una cita, pero que la gobernadora no acudió y fueron atendidos por funcionarios estatales, a quienes, según su versión, ya habían expuesto el problema sin obtener una solución.
A unas horas del regreso a clases, los padres piden a Margarita González Saravia intervenir directamente para que se investiguen los señalamientos sobre la presunta introducción y distribución de drogas, se esclarezcan los casos documentados por la dirección y se revise la situación laboral de Olga Leticia Prado.
También demandan garantías para que los estudiantes regresen a clases en condiciones seguras y para que las familias que han participado en los señalamientos no enfrenten represalias.
Las familias sostienen que mantendrán su exigencia de una investigación de fondo y que corresponde a las autoridades determinar cómo ingresaron las sustancias al plantel, qué ocurrió con los casos reportados y si existe alguna responsabilidad de docentes o servidores públicos.