La diputada Paloma Domínguez Ugarte (PRI) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de visibilizar y proteger a niñas, niños y adolescentes cuidadores.
La propuesta agrega, entre los principios rectores de dicha ley, el reconocimiento, identificación y protección integral de niñas, niños y adolescentes que asuman responsabilidades de cuidado dentro de sus hogares, a fin de garantizar que dichas labores no comprometan el ejercicio pleno de sus derechos, su desarrollo integral, permanencia escolar, descanso, esparcimiento y proyecto de vida.
Establece el derecho a recibir protección, apoyo y acompañamiento institucional cuando, por circunstancias familiares o del entorno, asuman responsabilidades de cuidado de personas dependientes, con el propósito de evitar afectaciones a su desarrollo integral, permanencia escolar, descanso, esparcimiento y ejercicio pleno de sus derechos.
Añade que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben implementar mecanismos de identificación, acompañamiento y apoyo para prevenir afectaciones en su asistencia, desempeño, permanencia y conclusión de su trayectoria educativa, garantizando medidas de flexibilización, canalización institucional y apoyo psicosocial cuando resulte necesario.
El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, explica que la legislación mexicana parte de una lógica en la que la niñez es entendida principalmente como receptora de cuidado, pero no contempla la posibilidad de que, por circunstancias familiares, económicas o sociales, niñas, niños y adolescentes puedan convertirse en proveedores cotidianos de cuidado.
Advierte que esta ausencia normativa genera un vacío relevante, pues impide que las instituciones identifiquen de manera diferenciada las afectaciones particulares que enfrentan estas infancias y limita la construcción de respuestas públicas adecuadas.
“La falta de reconocimiento expreso tiene consecuencias prácticas, como en el ámbito educativo donde no existen mecanismos específicos para detectar cuando el ausentismo, el rezago o el abandono escolar están relacionados con cargas de cuidado dentro del hogar”, sostiene.Esta propuesta, continúa, coloca en el debate público a una población que ha permanecido invisibilizada y contribuye a transformar la forma en que se entiende la relación entre infancia, cuidado y responsabilidad social.
“Con ello –subraya– el Estado mexicano da un paso hacia un modelo de protección más sensible a las realidades contemporáneas de la niñez y más consistente con su obligación de garantizar entornos que favorezcan su desarrollo pleno”.
Puntualiza que al establecer bases normativas para su identificación se abre la posibilidad de construir diagnósticos más precisos, generar estadísticas específicas y diseñar políticas públicas con enfoque diferenciado, lo que permitirá avanzar hacia mejores decisiones en materia de niñez y cuidados.
Además, contribuirá a mejorar la articulación entre los sistemas de protección, educación y asistencia social, promoviendo una respuesta más integral frente a las necesidades de estas infancias.