El PAN presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la primera iniciativa de su estrategia “Patrimonio Seguro”, con la que busca impedir que la ocupación ilícita de un inmueble pueda convertirse en propiedad o adquirir apariencia de legalidad mediante el paso del tiempo, documentos fiscales, actuaciones notariales u operaciones inmobiliarias.
“Patrimonio Seguro no será una campaña ni una conferencia de prensa: será una ruta de reformas concretas para cerrar, una por una, las puertas que hoy encuentran abiertas los despojadores”, afirmó el diputado local Mario Enrique Sánchez Flores al presentar la propuesta este miércoles 12 de agosto.
La iniciativa abre la ruta legislativa anunciada dos días antes por el partido opositor, en medio de la presión pública y mediática en torno a múltiples casos de despojo, que han derivado en protestas vecinales y obligado al Gobierno de Clara Brugada a reforzar su respuesta institucional mediante nuevos plazos para asegurar, restituir y judicializar los inmuebles despojados.
La propuesta que presentó Sánchez Flores plantea reformas al Código Civil para el Distrito Federal, el Código Fiscal, la Ley del Notariado y la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios de la capital.
La modificación al Código Civil busca impedir que la posesión obtenida mediante despojo, violencia, fraude, simulación, suplantación de identidad, ocupación clandestina o documentos falsos pueda convertirse en propiedad por el transcurso del tiempo.
En materia fiscal, la iniciativa propone establecer expresamente que pagar el impuesto predial, aparecer en una cuenta catastral o contar con una constancia fiscal no acredita la propiedad de un inmueble ni sustituye una escritura.
Para los notarios, plantea aplicar una “diligencia reforzada” cuando existan señales objetivas de riesgo en una operación. La revisión comprendería identidades, poderes, documentos, antecedentes registrales y la trazabilidad de los pagos.
La reforma que propone el PAN además pretende aumentar las obligaciones de las inmobiliarias y de los profesionales del sector para verificar y documentar las operaciones en las que intervengan, así como generar mecanismos que permitan rastrearlas.
Durante su intervención, Mario Enrique Sánchez Flores calificó el aumento de penas como una respuesta reactiva e insuficiente porque castiga el despojo cuando las víctimas ya perdieron el inmueble.
Su señalamiento confronta la principal apuesta de la administración de Brugada sobre este delito, que hace menos de un año, en noviembre de 2025, logró elevar la sanción hasta 11 años de prisión y, con agravantes, hasta 23.
“Queremos llegar antes que los despojadores. Antes de que una persona adulta mayor pierda su casa; antes de que falsifiquen un poder; antes de que una familia tenga que gastar sus ahorros en abogados y antes de que tenga que esperar años para recuperar lo que siempre fue suyo”, dijo el diputado.
Durante su intervención, Mario Enrique Sánchez Flores calificó el aumento de penas como una respuesta reactiva e insuficiente porque castiga el despojo cuando las víctimas ya perdieron el inmueble.
Su señalamiento confronta la principal apuesta de la administración de Brugada sobre este delito, que hace menos de un año, en noviembre de 2025, logró elevar la sanción hasta 11 años de prisión y, con agravantes, hasta 23.
“Queremos llegar antes que los despojadores. Antes de que una persona adulta mayor pierda su casa; antes de que falsifiquen un poder; antes de que una familia tenga que gastar sus ahorros en abogados y antes de que tenga que esperar años para recuperar lo que siempre fue suyo”, dijo el diputado.