La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de una Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, que desplegará una vez por semana en el Zócalo una red de 100 abogados para ofrecer asesoría gratuita a personas de grupos prioritarios.
Este 5 de agosto, en la presentación de nuevas acciones de prevención, atención y persecución de ese delito, la morenista informó que la defensoría dependerá de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y brindará atención permanente.
“Esta Defensoría estará a cargo de la Consejería Jurídica y atenderá de manera permanente. Pero un día a la semana saldrá el equipo de abogadas y abogados a asesorar en la plaza pública más grande de la ciudad, que es el Zócalo”, explicó.
La defensoría también funcionará como instancia de canalización. Brugada dijo que los asuntos podrán ser enviados al Gabinete Contra el Despojo, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o a otra institución, según la naturaleza del conflicto.
Sin detallar los criterios para acceder a este servicio, aclaró que la representación legal será proporcionada a integrantes de poblaciones prioritarias.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, precisó: “Sobre todo con una atención prioritaria para los grupos como las personas mayores, indígenas, mujeres, que permita, además, que estos grupos vulnerables tengan una lógica de patrocinio, es decir, de atención y de seguimiento al caso”.
Según la funcionaria, el servicio incluirá asesoría, seguimiento de los expedientes y representación legal gratuita para los sectores prioritarios, con el propósito de acompañar los casos hasta la regularización del inmueble.
Cruzvillegas aseguró que los abogados comenzarán a atender “a partir de unos días más”, aunque no proporcionó una fecha exacta ni los horarios del servicio.
La consejera agregó que el Gobierno capitalino buscará convenios con instituciones académicas y dependencias federales para integrar la red y atender gravámenes u otros obstáculos que impidan regularizar los inmuebles. No identificó a las instituciones participantes ni los términos de los acuerdos.
La defensoría formará parte de un programa permanente de regularización, escrituración, sucesión y registro notarial con el que el Gobierno capitalino pretende reducir la vulnerabilidad jurídica de quienes carecen de documentos actualizados sobre sus inmuebles.
Brugada reconoció que en la capital existen familias y unidades habitacionales completas que no han podido escriturar sus propiedades durante años, situación que, según la mandataria, facilita los intentos de despojo mediante documentos falsos, fraudes o simulaciones jurídicas.
“Vamos a emprender el plan más grande de regularización en la Ciudad de México (…) pronto estaremos dando a conocer a detalle este gran programa de regularización”, prometió.
La jefa de Gobierno no informó cuántos inmuebles se encuentran en esa situación ni presentó una meta de escrituración. Tampoco detalló el presupuesto, la fecha de inicio, los requisitos de incorporación, el costo de los trámites o los beneficios fiscales y notariales que ofrecerá el programa.