Una juez de control del Poder Judicial mexiquense adscrita al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, decretó esta madrugada la legal detención de diez funcionarios y ex funcionarios del gobierno del Estado de México involucrados en un esquema delictivo de venta de plazas, mediante la cual, presuntamente obtuvieron un lucro millonario. La juez además les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se mantendrá hasta que se resuelva su proceso jurídico.
Este viernes se realizó la audiencia inicial de formulación imputación en la causa penal 1288/2026, en contra del ex Director General de Personal del gobierno estatal, Oscar N y otros funcionarios en activo de esa misma dependencia y del Subsistema de Educación Básica de la Secretaría de Educación estatal a quienes se les acusa de abuso de autoridad y fraude, por haber instrumentado un esquema para dar de alta en la nómina a falsos docentes en centros educativos de trabajo inactivos o inexistentes.
Aunque los hechos que se les imputan ocurrieron en el periodo del 28 enero del 6 de noviembre del 2025, el Ministerio Público sostiene que este esquema delictivo viene operando en el gobierno estatal desde el 2021, lo que ha generado un lucro millonario para quienes son partícipes del mismo.
Los acusados son además de Oscar N, quien fue director general de personal y subsecretario de administración, durante el sexenio de Alfredo Del Mazo Maza; Areli N, quien se desempeñaba como directora de Remuneraciones de Personal en la Dirección General de Personal (DGP) adscrita a la Oficialía Mayor; Yunuen N, subdirectora de Actualización de la Base de datos de la DGP; David N, quien era el Director de Sistema de Tecnologías de la Información de la DGP; Christopher N, subdirector de Desarrollo Tecnológico de la DGP; Diego Emmanuel N, jefe del Departamento de la Base de Datos de Nómina de la DGP; Juan Alberto N, Delegado Administrativo de la DGP; Fabiola Lidia N, analista de la DGP; Daniel Arturo N, delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica y Alfredo N ex delegado administrativo del Subsistema de Educación básica.
De acuerdo con el expediente, estas personas se confabularon para dar de alta entre enero y noviembre del año pasado 168 personas como docentes, sin cumplir con los requisitos ni los procesos jurídico-administrativos correspondientes, a través de 324 movimientos en la nómina de la Secretaría de Educación, pues a varios de ellos les dieron dos plazas en secundarias en turnos vespertinos y nocturnos que estaban inactivos desde hace varios años.
Tras dar de alta a estas 168 personas en la nómina, se les depositaba su quincena en una tarjeta bancaria, la cual, presuntamente recogían quienes participaban en este esquema y eran los que retiraban el dinero en cajeros automáticos y luego se lo repartían.
A las personas que aceptaban darse de alta como maestros y cobrar sin trabajar, solo les daban en efectivo entre 2 mil y 4 mil pesos a la quincena, aunque a varios se les dio de alta con salarios por arriba de los 30 mil pesos, incluso algunos hasta de 70 mil mensuales.
Fue el director general de secundarias del gobierno estatal quien se percató de la irregularidad cuando observó que se habían asignado docentes a centros de trabajo inactivos. Dio aviso a sus superiores y fue así que en marzo de este año, Guillermo Calderón Vega, entonces director jurídico de la Secretaría de Educación estatal, presentó la denuncia ante la Fiscalía mexiquense.
El ministerio público comenzó a indagar recabando testimonios de trabajadores del Subsistema de Educación Básica y de la Dirección General de Personal, pues en el primero se deben dar elaborar los expedientes de alta de nuevos profesores y en la segunda instancia se les introduce al sistema de nómina.
Uno de los testigos principales fue José Manuel Popoca Estrada, quien trabajaba en la delegación administrativa del Subsistema de Educación Básica, quien se acogió a un criterio de oportunidad para revelar todo el esquema delictivo que operaba para crear plazas para falsos docentes.
Él reveló que cuando descubrió todo este aparato dentro de Subsistema de Educación Básica en coordinación con la Dirección General de Personal, fue invitado a participar en él a cambio de obtener grandes cantidades de dinero “para vivir bien y que nadie te falte”.
Popoca reveló que el esquema delictivo era encabezado desde 2021 por Oscar N cuando fue director general de personal; meses más tarde cuando a éste lo ascienden a subsecretario, nombran a Rodolfo N como director general de personal, quien continúa con el esquema. A la salida de Rodolfo, quien se encuentra prófugo de la justicia, se nombró a Jaime Noe N, quien también tiene orden de captura pendiente por cumplimentar, lo mismo que Yuridia N, quien era la coordinadora de delegados administrativos de la DGP y quien invitó directamente a Popoca a unirse al clan.
Tras ventilar todo el esquema delictivo a la FGJEM en marzo de este año, Juan Manuel Popopa Estrada murió en el 3 de abril, por causas que aún se desconocen.
Los testimonios rendidos por Popoca ante Ministerio Público señalan que al menos, este conjunto de personas obtiene alrededor de 10 millones de pesos mensuales, pues a los falsos docentes no les daban más que dos mil o 4 mil pesos de su quincena, pues el resto era ordeñado con los retiros que se hacían con las tarjetas de nómina.
Aunque los imputados se reservaron el derecho a declarar, los abogados defensores descalificaron los señalamientos contra sus clientes por ser genéricos y no individualizados, pues en la lectura de la imputación no se dio a conocer qué beneficios económicos obtuvo cada uno de los imputados, ni cuál era su participación especifica en este “esquema”.
La juez que conoció la causa fijó para este domingo 28 de junio la fecha para continuar con la audiencia inicial y ahí definir si los acusados son vinculados a proceso o puestos en libertad por falta de elementos. Entre tanto, les decretó la prisión preventiva justificada.