Mientras el gobierno presume proyectos de infraestructura y campañas de imagen, México enfrenta una creciente crisis ambiental que se refleja en conflictos sociales, contaminación de cuerpos de agua, deforestación y deterioro de ecosistemas estratégicos, advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas” el legislador del PRI señaló que en distintas regiones del país se acumulan problemas que van desde la contaminación de mantos acuíferos en la Península de Yucatán hasta la degradación de ríos y zonas naturales protegidas, sin que exista una política pública integral para atenderlos.
Acompañado por el conservadurista Ignacio Loera y el analista en finanzas Mario Di Costanzo, Moreira Valdez sostuvo que muchos de estos problemas podrían enfrentarse con una adecuada planeación gubernamental y con mayores recursos para la protección ambiental.
Destacó que el turismo sustentable, el aprovechamiento del patrimonio histórico y la conservación de los ecosistemas representan alternativas de desarrollo más viables que proyectos que generan impactos irreversibles.
Por su parte, el analista ambiental Ignacio Loera alertó sobre el aumento de conflictos ecológicos en diversas entidades del país. Destacó particularmente la movilización de comunidades indígenas mayo-yoreme y habitantes de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, quienes tomaron las instalaciones de una planta de amoníaco tras denunciar la falta de información y diálogo por parte de las autoridades.
Explicó que dicho proyecto podría afectar gravemente el ecosistema marino al utilizar aproximadamente 2 mil metros cúbicos de agua marina por hora y devolviéndola a tres grados centígrados más caliente y con más salinidad, lo que tendrá un efecto devastador sobre la fauna marina.
Loera también enumeró otros focos de conflicto ambiental, entre ellos los proyectos de exportación de gas natural licuado en Sonora; la contaminación provocada por granjas porcícolas en la Península de Yucatán; la degradación de Xochimilco; la contaminación del río Atoyac; los impactos asociados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; la mortandad de peces en la cuenca del Papaloapan; así como la deforestación en distintas zonas del país.
Asimismo, cuestionó que muchas de las acciones gubernamentales se queden en campañas de promoción o marketing político, mientras continúan deteriorándose ecosistemas fundamentales para la conservación de especies endémicas y para el equilibrio ambiental de diversas regiones.
En su intervención, el economista Mario Di Costanzo aseguró que el deterioro ambiental también está vinculado a decisiones presupuestales, ya que durante los últimos años se han reducido de manera sistemática los recursos destinados a la protección del medio ambiente.
Indicó que los recortes han impactado áreas fundamentales como la prevención de incendios forestales, la conservación de bosques, la reforestación y la protección de áreas naturales, limitando la capacidad del Estado para atender problemas que se agravan año con año.
Rubén Moreira, ignacio Loera y Di Costanzo coincidieron en que la protección ambiental requiere inversiones sostenidas, vigilancia efectiva y políticas públicas de largo plazo, pues declarar áreas protegidas resulta insuficiente si no existen recursos para conservarlas y restaurarlas.
Advirtieron que la combinación de recortes presupuestales, falta de planeación y proyectos mal evaluados está generando conflictos sociales y ambientales cada vez más frecuentes, cuyos costos terminarán siendo asumidos por las comunidades y las futuras generaciones.