La huelga de hambre y laboral de inmigrantes en un centro de detención en Nueva Jersey continuó por sexto día con más legisladores federales acudiendo al sitio para realizar “inspecciones” y activistas manteniendo un plantón de solidaridad, a pesar del repetido uso de violencia por agentes; la protesta se expandió a escala nacional al provocar una respuesta defensiva del presidente de Estados Unidos y su secretario de Seguridad Interna.
Nuevos enfrentamientos ocurrieron ayer entre agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra familiares y activistas que apoyan la huelga de detenidos en protesta por las condiciones dentro del centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, y exigir la liberación de los arrestados más vulnerables, entre ellos, enfermos, embarazadas y los más jóvenes.
La acción de protesta comenzó el pasado viernes cuando unos 300 inmigrantes internados firmaron un documento en el que declararon la huelga y sus demandas. Ayer emitieron otra carta en la que relataron sus condiciones y reiteraron sus exigencias
Durante la reunión de gabinete de ayer en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuvo que responder a preguntas de medios sobre el centro de detención. Aseguró: “administramos las mejores instalaciones de este tipo en el mundo”, y agregó que entre los encarcelados hay “asesinos horribles”.
En la reunión, Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Interna –dependencia que incluye al ICE– afirmó que “sólo son un puñado de individuos que se rehúsan a comer” y eso, justificó, porque “desean su comida étnica. Bueno, pueden regresar a sus países y tener los alimentos que quieran. Les estamos dando las calorías que requieren. Este (centro) no es el Holiday Inn”.
En sus redes sociales la noche del martes, el secretario declaró que “no existe una huelga de hambre en Delaney Hall. No hay condiciones inferiores”. Más aún, acusó a los manifestantes de provocar la violencia que continuó la noche del martes.
Sin embargo, legisladores que han ingresado a las instalaciones –ya que opera bajo contrato del gobierno federal y tienen derecho a supervisar a contratistas– junto con familiares de los detenidos insisten en que no se encontraron con nadie con historial criminal, como afirma el gobierno de Trump, y que de hecho hay madres y padres, estudiantes de preparatoria, muchos residentes que pagan impuestos.
Este miércoles, el representante federal Adriano Espaillat llegó para visitar la instalación y al salir declaró que es necesario cerrar el centro. “Esta es una injusticia”, afirmó y recordó que él llegó a Estados Unidos como un indocumentado, y expresó: “yo pude ser uno de ellos”, al apuntar hacia el centro.
“Ahora mi responsabilidad es representarlos” como legislador. Otros dos diputados, Jerrold Nadler y Dan Goldman, de Nueva York, también ingresaron y reportaron las graves carencias que vieron. “Si eres humano, si eres estadunidense, no puedes apoyar lo que sucede aquí”, lamentó Goldman.
El centro de detención es operado por la empresa privada de prisiones Geo Group, la cual ha recibido múltiples quejas en varios de los inmuebles que opera para generar ganancias.
Por ello, la gobernadora Mikie Sherrill, como varios legisladores, insisten en que todos los centros de detención privados deberían ser clausurados.
Ante este panorama, la Casa Blanca y altos funcionarios respondieron por el temor de que esta protesta se multiplique, algo que ya ocurre.
Detention Watch Network, una coalición nacional contra el arresto de inmigrantes, reportó ayer que en Adelanto, California, por lo menos 20 detenidos declararon una huelga de hambre en protesta por las condiciones insalubres de las instalaciones, administradas también por Geo Group.
El número de quejas alrededor del país en los centros de detención se han multiplicado en meses recientes y Detention Watch Network recordó que durante este gobierno 49 personas han fallecido en ese tipo de instalaciones.