El diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar presentó una iniciativa para garantizar que la obra pública federal beneficie de manera directa a las regiones donde se ejecuta, mediante la obligación de destinar al menos el 70 por ciento del valor de cada contrato a empresas, materiales y servicios locales, así como asegurar que el 50 por ciento de la mano de obra sea de trabajadores de la propia región.
Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, el legislador subrayó que el gasto público en infraestructura debe ser un verdadero motor de desarrollo económico regional y no limitarse únicamente a la construcción de obras.
“Cada año, el Gobierno Federal destina más de 1.2 billones de pesos a obra pública, lo que equivale a cerca de dos millones de pesos por minuto. La pregunta es sencilla, pero fundamental: ¿realmente se benefician las comunidades donde se construyen estas obras?”, cuestionó.
Precisó que de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), tan solo en 2023 el Gobierno Federal ejerció más de 526 mil millones de pesos a través de más de 158 mil contratos, lo que evidencia la magnitud de los recursos involucrados. Sin embargo, el impacto en las regiones ha sido desigual y, en muchos casos, limitado.
Advirtió que la concentración de proyectos en ciertas regiones del país, así como la ejecución de obras a través de esquemas que limitan la participación de empresas locales, ha reducido el potencial de crecimiento regional y la creación de cadenas productivas.
Por ello, el congresista del PRI destacó que su propuesta impulsa la obra pública, con la generación de empleos, aumento de ingresos y participación de empresas y proveedores locales desarrollando una derrama económica en todo el sitio, dinamizando la riqueza en sectores como la construcción, manufactura, servicios, al mismo tiempo disminuye el desempleo y mejora la calidad de vida en las comunidades.
En ese sentido, destacó que modelos como el del estado de Durango contemplan mecanismos para fomentar la contratación de mano de obra local y proveedores regionales, lo que demuestra que es posible fortalecer la derrama económica desde el diseño legal.
El diputado Arturo Yáñez reiteró que su propuesta busca corregir estas distorsiones y asegurar que el gasto público en infraestructura cumpla con su función social.
“El recurso público debe regresar a la gente. Cuando se construya una obra federal en un estado, ese estado debe ser beneficiado; cuando se contrate mano de obra, debe ser de la región; y cuando se compren materiales, deben ser de proveedores locales”, puntualizó.
Finalmente, señaló que esta iniciativa contribuirá a fortalecer el mercado interno, impulsar el desarrollo de las MIPyMEs, generar empleo digno y promover un crecimiento económico más equilibrado en todo el país.