Con el propósito de proteger a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, la legisladora zacatecana Noemí Luna solicitó modificar la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que el gobierno federal establezca zonas de atención prioritaria y les garantice apoyos alimentarios, alojamiento, salud mental y atención psicológica.
Por tal motivo, la también vicecoordinadora general del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar, adicionar y modernizar los artículos 5, 29, 30 y 31, propuesta que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Noemí Luna indicó que solicitó incorporar en los artículos 5 y 29 la descripción de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, para que sean definidos como personas y grupos que sufren violencia social, desplazamiento forzado interno y violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
Asimismo, pide que el artículo 30 sea armonizado y que al 31 se le adicione el numeral 5, “a fin de brindar apoyos alimentarios y de refugio, así como programas de salud mental y apoyo psicológico a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y sus víctimas”.
Dijo que “ante un escenario como el que vive nuestro país, de alta violencia por diversos factores, es necesario abordar el tema con responsabilidad, en aras de restablecer el tejido social y traer la paz a las y los mexicanos”, pues, pese a que el gobierno asegura una disminución de la inseguridad, la percepción ciudadana es en sentido contrario.
Como prueba refirió la encuesta ENSU del INEGI, la cual señala que a finales de 2025 el 63.8% de la población mayor de 18 años, residente en 91 ciudades, consideró que era inseguro vivir ahí; mientras que en 2024 el porcentaje era del 61.7, lo que significa un incremento en la percepción de inseguridad.
Frente a la ola de violencia que día a día se vive en las ciudades, comunidades y calles del país, urgió a “poner bajo la lupa a todas aquellas personas y grupos en condición de vulnerabilidad que viven rodeados de violencia, se sienten amenazados en su entorno, han sido desplazados de sus comunidades, pertenecen a grupos de migrantes o sufren violencia social”.
En la propuesta define a los grupos vulnerables como aquellos que, por alguna razón, “sufren violencia social, desplazamiento forzado, violaciones a los derechos humanos en relación con la migración, así como víctimas que viven con traumas profundos por el miedo, la inseguridad, la pobreza, la pérdida de bienes o familiares, entre otros factores que impactan directamente en su salud física y mental”.
Derivado de lo anterior, Noemí Luna también pide que se consideren zonas de atención prioritaria aquellas áreas o regiones cuya población registre índices de pobreza, violencia social, desplazamiento forzado interno, migración y marginación, así como sus víctimas, indicadores de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Finalmente, señaló que en esas zonas de atención social prioritarias el gobierno debe garantizarles los apoyos necesarios y suficientes para resolver la problemática y atender a la población.
