El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) planteó crear la cédula nacional de riesgo feminicida, como instrumento técnico único, de aplicación obligatoria en toda la República, mediante el cual las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales midan y valoren el riesgo para la vida, integridad, libertad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.
A través de una iniciativa, turnada a las comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana para dictamen, y a la de Justicia para opinión, sugiere reformar las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal.
Propone que la autoridad realice la medición y valoración del riesgo mediante dicha cédula, así como la evaluación médica, en caso de requerirse, y psicológica.
El instrumento será aplicado por la autoridad administrativa, ministerial, policial que la emita, o jurisdiccional competente para emitir, negar, modificar o suspender la medida u orden de protección. Al conocer la solicitud o los hechos y su aplicación no se condicionará a que la víctima ratifique o presente denuncia formal, cuando la autoridad conozca de los hechos por cualquier otra vía que identifique hechos concretos y datos suficientes para su atención.
Estipula que a cada nivel de riesgo corresponde un piso mínimo de medidas u órdenes de protección, previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que se otorgarán de oficio al determinarse el nivel y se podrán disponer medidas distintas o adicionales cuando resulten más protectoras.
Agrega que la información del Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños deberá ser consultada antes de emitir, negar, modificar o suspender una medida u orden de protección y que el desacato de esa medida cautelar obliga a la autoridad emisora a una nueva aplicación de la cédula y al otorgamiento del piso mínimo que corresponda.
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adiciona un párrafo al artículo 110 para que, en caso de llamadas por violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, los Centros de Comando y Control consultarán el Registro Nacional antes de derivar el evento, transmitirán a la instancia correspondiente la existencia de medidas u órdenes vigentes y el nivel de riesgo asentado.
Incorpora al Código Penal Federal, en su artículo 325, una agravante al delito de feminicidio, y aumenta hasta en un tercio la pena correspondiente si el sujeto activo lo comete existiendo en su contra medida u orden de protección vigente. La pena actual para este delito es de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Pide reformar el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para estipular que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que omita la nueva aplicación de la cédula.
En los considerandos, el legislador hace notar que la cédula no es la Alerta AMBER ni el Protocolo Alba, “ya que esos mecanismos difunden públicamente los datos de una persona ya desaparecida para que la ciudadanía ayude a localizarla; operan después del hecho y por acuerdo interinstitucional, no por mandato de ley general. La cédula nacional de riesgo feminicida actúa antes: mientras la mujer sigue viva y localizable, mide el riesgo, obliga a la autoridad y no publica nada”.
Agrega que con esta iniciativa se busca fortalecer la prevención del feminicidio, brindar una respuesta oportuna, medir el nivel de peligro ante situaciones de violencia y determinar medidas de protección a mujeres, adolescentes y niñas.
Refiere que en 2025 se registraron 721 feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares solo 10.5 por ciento de las mujeres violentadas presenta una denuncia formal.
