El Grupo Parlamentario de Morena emitió su postura respecto a las valoraciones del Grupo Parlamentario del PAN relativas al Comité Técnico de Evaluación.
A través de un posicionamiento, las diputadas y los diputados de Morena, indicaron que en lo referente a integrar una consulta previa como requisito a la designación de las cinco personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación no se considera jurídicamente procedente incorporarla para ambas autoridades.
“Ni el establecimiento de los requisitos propuestos para poder integrar el Comité por ser restrictivos, ambiguos, de difícil apreciación y de ponderación subjetiva que puede derivar en discriminación.
“La razón principal es que el artículo 41, Base V, Apartado A, inciso a), de la Constitución establece una distribución expresa de competencias: Tres integrantes serán nombrados por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, es decir, la Jucopo. Dos integrantes serán nombrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Agregaron que “la disposición constitucional no condiciona ninguno de esos nombramientos a la realización de una consulta previa con organizaciones de la sociedad civil.
“No resulta viable imponer esta obligación a la CNDH por los siguientes motivos: 1. Respeto a las atribuciones constitucionales. La Constitución confiere directamente a la CNDH la facultad de nombrar a dos integrantes del Comité. La Junta de Coordinación Política puede solicitar y recibir esas designaciones, pero no establecer unilateralmente requisitos adicionales que condicionen su ejercicio.
“2. Autonomía constitucional de la CNDH. El artículo 102, Apartado B, constitucional reconoce su autonomía de gestión. Establecer en un acuerdo de la Cámara que sus nombramientos deban sujetarse obligatoriamente a una consulta organizada o exigida por otro órgano podría representar una injerencia en la forma en que ejerce sus atribuciones”.
Asimismo, “se considera que no se establecen parámetros objetivos que permitan sostener la realización de una consulta, ni mucho menos cuáles serán aquellas organizaciones de la sociedad civil que serán consultadas, ni qué aspectos a consultar deberán considerarse.
“En ese sentido, dado que el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria es junto con la Constitución Federal el parámetro para la realización del proceso de elección, se considera que la consulta podría tener características de discrecionalidad que la tornan inviable”.
“3. Diferencia entre consulta ciudadana y designación del Comité. El artículo 34 Bis, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General prevé reglas para consultar, según el caso, a la ciudadanía o a instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, esta disposición se refiere a la convocatoria del procedimiento de designación de autoridades del INE y no establece expresamente una consulta previa obligatoria como condición para nombrar a los integrantes del Comité Técnico.
“4. Precedente parlamentario. En la convocatoria publicada el 20 de marzo de 2026 se estableció que la Jucopo acordaría sus tres nombramientos conforme a sus normas internas y solicitaría a la CNDH la designación de las dos personas de su competencia, sin imponer un procedimiento conjunto de consulta previa.
“Debe hacerse una distinción importante: la consulta ciudadana no está prohibida. La CNDH podría implementar voluntariamente mecanismos para escuchar a la sociedad civil, y la Jucopo podría considerar opiniones públicas al seleccionar sus tres perfiles. Lo jurídicamente cuestionable sería convertir esa consulta, mediante un acuerdo parlamentario, en un requisito obligatorio para el ejercicio de la atribución constitucional de la CNDH, principalmente cuando no existen parámetros suficientes para realizar la consulta”.
Por otra parte, “respecto a la adición de requisitos para la designación de las cinco personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación, consistente en la prohibición de que durante los ocho años anteriores a su designación sean servidores públicos en funciones y no tengan vínculo con algún gobierno o con autoridades electorales.
“En primer término, se considera restrictivo que se agreguen requisitos no previstos en la normativa para integrar el Comité y, en segundo lugar, dichos requisitos son ambiguos, de difícil apreciación y de ponderación subjetiva que puede derivar en discriminación.
“Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 107/2016 estableció que los requisitos legales cuya ponderación es subjetiva, suponen expresiones ambiguas y de difícil apreciación, el exigir su cumplimiento puede traducirse en una forma de discriminación. En consecuencia, es inválido solicitarlo a las personas para poder acceder a un cargo público de cualquier índole.
“Lo anterior, es un razonamiento jurídico orientador, pues si bien en dicho precedente la Suprema Corte analizó otro requisito consiste en “contar con un modo honesto de vivir”, el Pleno estableció un criterio relevante con relación a los requisitos legales que pueden exigirse para acceder a un cargo”.
En lo referente a la facultad de la Jucopo para objetar los nombramientos realizados por la CNDH, “esta observación presenta un problema constitucional, porque pretende incorporar una facultad de revisión o veto que el artículo 41 de la Constitución no confiere a la Junta de Coordinación Política.
“1. Fundamento constitucional. El artículo 41, Base V, Apartado A, inciso a), establece que el Comité Técnico de Evaluación se integra por cinco personas de reconocido prestigio: Tres nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados. Dos nombradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La Constitución distribuye directamente la facultad de nombramiento entre ambas autoridades. No establece que las designaciones de la CNDH deban ser ratificadas, aprobadas o puedan ser objetadas mediante veto por la Jucopo”.
Por lo anterior, “no sería jurídicamente procedente por los siguientes motivos: Primero. Se alteraría la distribución constitucional de competencias. Si la Jucopo pudiera rechazar unilateralmente a las personas nombradas por la CNDH, el ejercicio de esa atribución dejaría de depender exclusivamente de la autoridad a la que la Constitución se la confirió.
“Por otro lado, considerar que cualquier grupo parlamentario pueda objetar de manera fundada y motivada el nombramiento de la persona designada, y que la Jucopo tenga que resolver la objeción, impone una obligación a dicho órgano de resolver lo que parece una especie de medio de impugnación no previsto en la en la Constitución ni la normativa aplicable, cuyos efectos impactarían directamente en las designaciones de la CNDH, es decir, ni siquiera en las mismas designaciones de la Jucopo.
“Segundo. Se introduciría un requisito no previsto constitucionalmente. Una disposición de la convocatoria no puede convertir el nombramiento de la CNDH en un acto sujeto a aprobación posterior de la Jucopo.
“Tercero. Se afectaría la autonomía institucional. La CNDH es un organismo constitucional autónomo, conforme al artículo 102, Apartado B. Someter sus designaciones a un veto parlamentario obligatorio podría constituir una intervención indebida en el ejercicio de sus atribuciones.
“Cuarto. La Jucopo no es una instancia jerárquica de revisión. La Sala Superior, en el expediente SUP-JE-9/2020 y acumulados, reconoció que el Comité Técnico no mantiene una relación de dependencia jerárquica frente a la Jucopo o a la Cámara de Diputados”.
Indican que “la Cámara de Diputados y la Jucopo carecen de atribuciones para desconocer las designaciones realizadas por los organismos constitucionales competentes”.
Sobre la presencia de personas observadoras en todas las reuniones y actividades del Comité Técnico de Evaluación, así como de personas legisladoras, “es una solicitud que se considera como no procedente en los términos propuestos, ya que existen elementos jurídicos para justificar que la observación ciudadana no debe extenderse de manera irrestricta a todas las reuniones, deliberaciones y actividades del Comité Técnico de Evaluación, porque podría comprometer la confidencialidad de la información, la independencia de sus integrantes y la objetividad del procedimiento.
“Esto no significa rechazar la transparencia o la participación ciudadana. Se trata de distinguir entre las actividades que pueden ser observadas públicamente y aquellas que requieren condiciones de reserva, seguridad o deliberación técnica.
“Por cuanto hace a la posibilidad de que una persona legisladora representante de cada grupo parlamentario esté presente en las reuniones del Comité, esto se considera inviable, debido a que el Comité Técnico es un órgano constitucional de independencia jerárquica frente a la Jucopo. Tal consideración se estructuró para el efecto que el Comité no actué bajo presiones externas, como lo son las partidistas”.
El fundamento jurídico es: 1. Artículo 41, Base V, Apartado A, de la Constitución. “Confiere al Comité Técnico la responsabilidad de verificar requisitos, evaluar la idoneidad de las personas aspirantes y seleccionar a quienes integrarán las listas correspondientes. La intervención permanente de personas ajenas al Comité durante todas sus actividades no está prevista como una condición constitucional para el ejercicio de estas funciones.
“2. Autonomía e independencia técnica. En el expediente SUP-JE-9/2020 y acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó la naturaleza del Comité Técnico y su independencia respecto de la Jucopo y de la Cámara de Diputados. Ese criterio resulta relevante porque el Comité debe desarrollar sus evaluaciones y deliberaciones bajo parámetros técnicos, sin presiones o interferencias externas.
“3. Confidencialidad de la evaluación. La convocatoria del 20 de marzo de 2026 estableció que la elaboración y aplicación del examen son responsabilidad exclusiva e intransferible del Comité. Asimismo, dispuso medidas de resguardo del instrumento y publicación de las entrevistas una vez concluida su realización, para evitar ventajas indebidas entre aspirantes. Por ejemplo, permitir que existan personas observadoras en las entrevistas podría propiciar que los cuestionamientos de las entrevistas puedan divulgarse entre las personas aspirantes, generando ventajas indebidas que pretendían evitarse.
“4. Protección de datos personales. Los artículos 10, 11, 25, 26, 27 y 36 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establecen deberes relativos al tratamiento lícito, la seguridad, el acceso autorizado y la confidencialidad de los datos personales. La presencia indiscriminada de terceros en reuniones donde se revisan expedientes, antecedentes o posibles conflictos de interés incrementaría el riesgo de acceso no autorizado a información protegida”.
Respecto a la petición de reducir de 100 a 25 el número de aspirantes que accederán a la etapa de entrevistas, “la principal preocupación jurídica sería que la reducción limite injustificadamente las oportunidades de participación.
“En ese sentido, y una vez analizadas las propuestas formuladas, se estima viable considerar únicamente aquellas que resultan compatibles con el marco constitucional y legal aplicable, así como con la naturaleza y etapas del procedimiento previsto en la propuesta de Convocatoria.
“Lo anterior, con el propósito de fortalecer la claridad, certeza, transparencia y adecuada conducción del proceso, procurando en todo momento construir los mayores consensos posibles entre las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados”, concluyeron las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
