Las empresas agrupadas en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas) sentenciaron que para que este energético utilizado por 70% de las familias siga llegando a los hogares y negocios con seguridad y continuidad, se requiere atender el rezago del margen operativo que según ellos existe por la regulación de precios máximos.

De acuerdo con sus cálculos, para la semana del 8 al 14 de noviembre de 2026, el margen operativo se ubicó en 5.27 pesos por kilogramo, 79 centavos por debajo de los 6.06 pesos por kilogramo que corresponden al margen aplicable a 2026, de conformidad con la metodología establecida en el Acuerdo de Precios Máximos, lo que representa una brecha negativa para los distribuidores de aproximadamente 13 por ciento.

Y es que el precio spot en el mercado de referencia -del propano en Mont Belvieu, al sur de Estados Unidos- aumentó de forma consecutiva durante ocho semanas desde principios de septiembre hasta los primeros días de noviembre, pasando de 0.75 a 1.16 dólares por galón, lo que implica un incremento de 54% en el periodo, con aumentos promedio de 5.7% entre una semana y otra y que incluso llegaron a alzas superiores al 11% y 12% en algunas semanas, lo que según los empresarios debería reflejarse en su margen operativo.

“Cuando el precio del Gas LP aumenta y no se refleja en la misma proporción en el precio máximo de venta, se reduce la posibilidad de distribuir el combustible”, expresaron en un comunicado, “esta condición limita al sector a destinar recursos para mantener la infraestructura instalada y renovar los equipos de distribución y reparto”.

El margen operativo permite pagar salarios y prestaciones de los trabajadores, adquirir combustible para el reparto, dar mantenimiento y reponer equipos, así como pagar pólizas de seguros, entre otros gastos; no equivale a utilidad neta. Actualizar el margen permitirá conservar cilindros y vehículos en condiciones seguras y mantener las rutas, especialmente en localidades alejadas y con menores volúmenes de entrega, explicaron.

La metodología para fijar los precios máximos que aplica la Comisión Nacional de Energía (CNE) y publica cada sábado para 220 regiones del país, se basa en una planta de distribución de referencia, cuyo tamaño se promedia a partir de las ventas anuales de una muestra representativa de permisos. El cálculo incluye inversión inicial, costos operativos, volúmenes de venta regionales, flete y un margen de operación para recuperar costos e incluir utilidad.

La Amexgas solicitó al gobierno de México revisar la metodología de precios, incluido el costo de adquisición, el flete y las diferencias regionales, para identificar oportunidades que permitan recuperar el margen operativo y, de esa forma, continuar con el suministro y la protección de la economía de los consumidores.

“La solución debe sustentarse en costos verificables y en una evaluación de sus efectos sobre el precio final”, aseveraron, “por ello, solicitamos a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Energía revisar la actualización del margen por inflación y acordar un mecanismo para atender los desfases documentados por el sector, y transparentar los parámetros del margen, el flete y los ajustes regionales, con criterios y fechas de revisión claramente definidos”.