La diputada federal Leticia Barrera Maldonado hizo un llamado a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal para analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 con conciencia social, productiva y económica, para atender las graves afectaciones que ya padece el sector productivo primario del país debido a la falta de recursos adecuados.
En conferencia de prensa, la legisladora priista alertó sobre la inminente crisis sanitaria que enfrenta el sector pecuario y los exorbitantes montos económicos que están perdiendo los ganaderos en México, afectando gravemente tanto a grandes exportadores como a la ganadería social y a los pequeños productores.
«El no contar con el recurso idóneo para atender al menos las necesidades más básicas del campo nos va a seguir metiendo en serios problemas. Si no se le invierte al sector, pasaremos de estar al filo de la navaja en autosuficiencia a una dependencia alimentaria total de otros países», enfatizó.
La también presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNC) sustentó la exigencia de un incremento de 88 mil 758 millones de pesos para el Programa Especial Concurrente (PEC), tras señalar el histórico rezago en la asignación de recursos públicos para las zonas rurales. Refirió que, en el año 2013, el presupuesto para el campo era de aproximadamente 75 mil millones de pesos dentro de un Presupuesto de la Federación de 5 billones de pesos.
La diputada Leticia Barrera dijo que hoy en día, el presupuesto federal supera los 10 billones de pesos —el doble que hace una década—; sin embargo, los recursos destinados al campo se mantienen prácticamente congelados.
Aseguró que su propuesta busca canalizar estos recursos al Programa Especial Concurrente (PEC) para cubrir las necesidades operativas y productivas elementales de las familias del campo. Así como reforzar el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para garantizar el desarrollo productivo y la sanidad en las zonas rurales.
Representando a la Central Campesina Independiente, Amadeo Hernández, advirtió sobre la grave insuficiencia del presupuesto proyectado para el sector agrario en 2027, el cual afecta a más de 32 mil ejidos y 2 mil 400 comunidades que poseen 100 millones de hectáreas donde se concentran los principales recursos hídricos, forestales y de producción alimentaria del país.
Señaló una severa falta de recursos operativos e infraestructura en instituciones clave como la SEDATU, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios —donde persisten rezagos de más de tres años y escasez de personal para notificaciones—, por lo que enfatiza que la ampliación presupuestal solicitada no es para las organizaciones, sino para dar certeza jurídica y respaldar directamente a las familias campesinas.
Alfonso Garzón, miembro del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, denunció el desmantelamiento institucional, técnico y financiero que sufren los sectores agropecuario, agrario y ambiental desde hace ocho años, lo cual vulnera la soberanía alimentaria, profundiza los rezagos sociales y pone en riesgo la protección de los recursos naturales.
Explicó que la falta de investigación, sanidad, asistencia técnica y financiamiento afecta principalmente a los pequeños productores, al tiempo que limita las oportunidades para las mujeres y compromete el relevo generacional de los jóvenes en el campo. Por ello, exigió frenar esta política asistencialista y fragmentada, proponiendo recuperar la capacidad operativa del Estado mediante un Presupuesto 2027 fortalecido, transparente y con metas verificables que garanticen un desarrollo rural integral.
Raúl Pérez, de la Alianza Campesina para el Noreste, exigió frenar el proceso de debilitamiento y desmantelamiento institucional y recuperar las capacidades del Estado para cumplir con las responsabilidades que tienen encomendadas con el sector. Para el Presupuesto 2027, propuso fortalecer la operación territorial de las instituciones, impulsar la investigación, la asistencia y el fomento productivo, así como restituir el financiamiento a los pequeños y medianos productores, reforzar la protección ambiental y generar oportunidades concretas para productores, mujeres y jóvenes rurales.
Finalmente, Mariana González, de la UGOCP (Unión General Obrero, Campesina y Popular), criticó la transformación del sector rural en una estructura abandonada, calificando a la Secretaría de Agricultura como un” elefante blanco” inoperante y acusando a la SEDATU de perder su vocación agraria para operar como una inmobiliaria de reordenamiento territorial.
También estuvieron presentes en l conferencia representantes de la Coordinación Organizadora de Unidades Campesinas y de la Unión General de Obreros y Campesinos de México “Jacinto López”.