La diputada federal Laura Ivone Ruiz Moreno presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) a fortalecer los mecanismos de vigilancia, monitoreo y prevención de la propaganda gubernamental difundida en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, especialmente aquella relacionada con programas sociales financiados con recursos públicos.
Solicitó una supervisión más rigurosa sobre aquellos mensajes que, por su contenido, lenguaje, imágenes, voces o contexto, generen en la ciudadanía la percepción de que los beneficios de estos programas constituyen aportaciones personales de servidoras o servidores públicos.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI también pidió al INE continuar emitiendo criterios preventivos dirigidos a los entes públicos sobre la comunicación institucional, con énfasis en el entorno digital.
De igual manera, hizo un llamado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en la difusión de programas sociales, se abstengan de utilizar expresiones, imágenes, voces, nombres o cualquier elemento que sugiera que dichos beneficios son dádivas, regalos o aportaciones personales de funcionarios.
Ruiz Moreno exigió específicamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades responsables de operar y comunicar la Beca Rita Cetina que la difusión de este programa se realice bajo criterios estrictamente institucionales, informativos, objetivos y neutrales, dejando claro que los recursos provienen del presupuesto público y no de favores personales.
Finalmente, solicitó al INE que, ante la detección de contenidos que pudieran constituir infracciones en materia de propaganda gubernamental, promoción personalizada o afectación a los principios de imparcialidad y equidad, ejerza sus facultades legales y determine lo procedente.
La congresista mexiquense señaló que el propósito de este exhorto es evitar que la comunicación institucional se utilice para construir imágenes personales a costa de los recursos públicos. «Se trata de impedir que informar se convierta en promover; no se cuestiona la beca ni que las familias reciban los 2,500 pesos, sino que un recurso público se presente como si fuera enviado personalmente por un funcionario», concluyó.
