La Secretaría de Hacienda bloqueó en el sistema financiero mexicano a los sujetos incluidos en la designación de Estados Unidos por la red de narcocorrupción ligada al Cártel de Sinaloa, en la que aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y en la que incluso se señala el lavado de dinero mediante empresas y campañas políticas.
Por medio de un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se informó que se tomó la decisión después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 46 sujetos, 21 personas físicas y 25 morales, y tras identificar entre algunos de ellos operaciones financieras de riesgo e irregularidades.
Según el gobierno estadounidense, la narcocorrupción vinculada con el Cártel de Sinaloa “ha alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal de Baja California”. En el centro de este esquema de narcocorrupción se encuentra el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres, así como su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
“Las 21 personas y 25 entidades designadas incluyen al líder del cártel Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”; integrantes de su círculo más cercano; así como líderes de células con sede en Tijuana, lavadores de dinero y políticos a los que el Tesoro acusa de corrupción y de permitir que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”, sostiene.
“El Tesoro acusa a Carlos Torres de ser un operador político vinculado al cártel y de mantener una alianza con El Ruso”, se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro.
Como contexto, la plaza de Mexicali está actualmente dominada por Los Rusos, una subfacción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa comandada por Juan José Ponce Félix, alias Jesús Alexandro Sánchez Félix y comúnmente conocido como “El Ruso”, de acuerdo con investigaciones de seguridad de los Estados Unidos.
“El Tesoro sostiene que El Ruso mantiene el control de Mexicali y las zonas circundantes mediante “violencia extrema” y la corrupción de funcionarios del gobierno estatal que protegen las actividades criminales del grupo frente a intervenciones de las autoridades y otras acciones destinadas a desarticularlo”, recalcó.
Según el señalamiento estadunidense, el exesposo de Marina del Pilar utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de intervenciones gubernamentales y policiales en Baja California.
“El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa estadunidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido, según el comunicado, a su afiliación con el cártel y su trabajo en nombre del Cártel de Sinaloa”, sostiene.
La acusación también alcanza a un exjefe de Seguridad Pública, a su hermano, a un exfuncionario y a una serie de empresas que, según el Tesoro, habrían formado parte de la trama.
El Departamento del Tesoro sostiene que el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendívil García también mantiene, de acuerdo con el Tesoro, una alianza con El Ruso.
“Mendívil habría recibido sobornos de El Ruso a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa tuviera control sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y realizar operaciones de fuerza del cártel”.
El Tesoro sostiene además que Carlos Torres recibió pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado.
Su hermano, Luis Torres, habría sido responsable de recibir esos sobornos y lavar los recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
“Originario de Mexicali, Rafael Buenrostro Martín es un exfuncionario del gobierno mexicano que se desempeñó como funcionario de aduanas en Chihuahua y como asesor legislativo del gobierno de Baja California. Buenrostro es conocido de Carlos Torres y amigo cercano del alto dirigente del Cártel de Sinaloa José Ángel Rivera Zazueta”, expuso la autoridad.
“El Tesoro acusa a Buenrostro de haber proporcionado favores políticos e influencia para impulsar la organización criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos”.
Rivera Zazueta es propietario de una casa de cambio en Mexicali, Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V., que, según el Tesoro, utiliza para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. También posee la empresa de transporte Rivos Servicios, S.A. de C.V.
La OFAC también apunta contra otro importante asociado de Rivera Zazueta, Diosvany Samuel Chapotin Villalba.
Chapotin está involucrado, según el Tesoro, en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos, además de ser un importante lavador de dinero.
El comunicado señala que utiliza distintos mecanismos para lavar recursos, incluidas cuentas bancarias empresariales en Estados Unidos para depositar grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de drogas, así como transacciones con criptomonedas para finalmente transferir los fondos ilícitos de regreso a México.
Chapotin trabajó con Rivera Zazueta y otras personas vinculadas al Cártel de Sinaloa para lavar ganancias procedentes del narcotráfico, sostiene el Tesoro.
Las empresas Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.; Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora y Comercializadora ATAF son designadas por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por Luis Torres, o por actuar directa o indirectamente en su nombre.
La OFAC designa además a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., por ser propiedad, estar controlado o dirigido por Mendívil, o actuar en su nombre.
Finalmente, la OFAC designa a Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V., por ser propiedad, estar controlada o dirigida por Buenrostro, o actuar en su nombre.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tienen consecuencias sobre los bienes y participaciones en bienes de los designados.
Todos sus bienes y participaciones en bienes quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
“Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en 50% o más de una o varias personas bloqueadas”, expone el Departamento del Tesoro.