Sin elementos nuevos que apunten al total esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 12 años de la tragedia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) dieron a conocer un informe sobre las acciones realizadas en la investigación y la búsqueda de los jóvenes estudiantes.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Arturo Medina, presidente de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y el titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán, presentaron los “Avances en las líneas de investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.
Los funcionarios hicieron alarde de las 168 personas procesadas por los hechos, 130 de las cuales están en prisión preventiva oficiosa y 38 en prisión domiciliaria, entre ellas el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam; los mil 931 sitios intervenidos en nueve municipios de Guerrero en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, las solicitudes a los gobiernos de Estados Unidos y de Israel para la extradición del exjuez de barandilla de Iguala Ulises Bernabé García, y del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio, así como la identificación de 17 personas en la revisión de las llamadas telefónicas realizadas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante la conferencia, el subsecretario Medina Padilla hizo un recuento de las investigaciones realizadas desde 2014 en búsqueda de los estudiantes, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Medina señaló que durante la actual administración la instrucción de Sheinbaum Pardo es abordar el caso Ayotzinapa “con una mirada fresca y renovada, aprovechar las nuevas tecnologías, profundizar en la información disponible y no dejar de atender líneas de investigación preexistentes o que no fueron agotadas y que puedan ayudar a saber lo que ocurrió esa noche y dónde están los estudiantes”.
Explicó que en “esta nueva etapa parte del reanálisis integral de millones de documentos, registros telefónicos, declaraciones y dictámenes periciales que han sido acumulados durante estos 12 años; este trabajo ha permitido obtener nueva información y fortalecer líneas de investigación que no habían sido agotadas, como por ejemplo el análisis de los registros telefónicos del día de los hechos el uso posterior de teléfonos de algunos de los estudiantes desaparecidos, profundizar en los vínculos entre integrantes de la delincuencia organizada y servidores públicos, identificar a personas relevantes para el esclarecimiento de los hechos que no se habían investigado, solicitar órdenes de nuevas detenciones y también orientar acciones de búsqueda en el territorio”.
En la conferencia no hubo respuesta a las exigencias de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como abundar en la línea de investigación relacionada con el Ejército mexicano o el retorno de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sobre la exigencia de los padres y madres de los 43 normalistas para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue más de 800 folios de material de inteligencia militar ordenado por el Poder Judicial de la Federación a través de una resolución de un amparo, Medina señaló que la Segob no fue notificada de la resolución judicial, pero que la Sedena “no encontró información adicional” a 33 folios con información de inteligencia militar relacionada con el caso Ayotzinapa entregada a la Covaj.
En cuanto a los expertos, Medina Padilla alertó sobre la desaparición del GIEI, tal como lo ha notificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la instancia que lo creó, a partir del otorgamiento de medidas cautelares a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y resaltó que la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) estaría colaborando con el gobierno de México para invitar a nuevos expertos a revisar la investigación.
En su intervención, el titular de la UEILCA, Mauricio Pazarán, habló de los avances de la investigación, reconociendo como nuevos elementos la identificación de 17 personas a partir de la revisión de las llamadas telefónicas realizadas esa noche.
De la revisión de las más de 80 mil llamadas realizadas esa noche, Pazarán explicó que se lograron detectar las llamadas que realizó el dueño de la funeraria El Ángel de Iguala, que tiene la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala, con presuntos integrantes del cartel de Guerreros Unidos, el que estaría detrás de la desaparición de los 43.
El funcionario de la FGR se refirió a hallazgos de restos humanos en una de las funerarias que podrían estar involucradas con la desaparición, sin que hasta el momento se puedan vincular algunos de ellos con los jóvenes desaparecidos.
Pazarán refirió que, en cateos realizados a la funeraria en Iguala, se encontraron restos humanos, entre ellos estaría el de una persona que fue reportada como desaparecida en 2021 en Taxco, así como documentación oficial sellada y firmada, con datos en blanco, lo que fue considerado como una de las irregularidades más relevantes.
Según Pazarán, de los cateos realizados de marzo a junio de 2026 se recuperaron “23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas”.
Por esas irregularidades, los dueños de la funeraria, padre e hijo, se encuentran detenidos, además de que se confirmó que Rodolfo N, dueño del establecimiento, utilizó el teléfono celular que perteneció a Julio César Mondragón Fontes, joven estudiante cuya imagen con el rostro desollado inundó las redes sociales el 27 de septiembre de 2014.
De la revisión de la telefonía celular se confirmó la utilización de uno de los dispositivos de otro de los estudiantes por un policía municipal que esa noche estuvo en la barandilla, por lo que se confirmaría que un grupo de estudiantes fue llevado ante el juez cívico Ulises Bernabé García, quien ha negado ese hecho.
Además se localizó que otro policía ministerial tuvo a su cargo un teléfono celular perteneciente a otro de los jóvenes desaparecidos.
En las nuevas investigaciones, Pazarán resaltó que se identificó a uno de los testigos de los hechos, que en su momento tenía 14 años, y que formaba parte del grupo criminal Guerreros Unidos, sin que detallara el alcance de sus declaraciones.
Pazarán consideró como parte de los avances los testimonios de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, y de la exvisitadora del tribunal Blanca Estrada, mujeres de la tercera edad que incriminaron al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en la destrucción del material videográfico del edificio de Palacio de Justicia de Iguala, frente a cuyas instalaciones un grupo de estudiantes fue detenido por policías municipales de Huitzuco e Iguala, y que permanecen desaparecidos.
Ambos funcionarios reiteraron el compromiso de la actual administración para continuar con los trabajos de búsqueda de los normalistas desaparecidos, así como esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.