El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), lamentó que el estado de Coahuila registre el mayor número de decomisos de huachicol a nivel nacional. “En 2025, fueron 17 millones de litros de huachicol y el responsable de este tráfico es el gobernador Manolo Jiménez Salinas”.
En conferencia de prensa, el congresista federal denunció que el primer mandatario estatal tiene privada de su libertad a la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, “es presa política y, sin duda, se trata de un claro asunto de odio personal, misoginia y violencia de género”.
El legislador agregó que se le fabricó una carpeta de investigación, se le procesó con jueces afines. “Ahora opera una red de corrupción en el poder judicial local; por eso, presente denuncia de juicio político en contra del gobernador, del fiscal general, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, por estos hechos, por violaciones graves a la constitución, a los derechos humanos y corrupción”.
En su oportunidad, el diputado Jesús Fernando García Hernández, del PT, solicitó al gobierno de Coahuila a que por justicia, dignidad, respeto a los derechos humanos atienda el caso y, sobre todo, acate la resolución judicial que ya fue entregada para liberarla. “Que no intervenga ya en este caso, se trata de una madre de familia, con hijos, que ya lleva más de dos meses en prisión”.
Al ser cuestionado sobre qué opina del paquete anticorrupción, que próximamente enviará la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el diputado Mejía Berdeja comentó que en caso de que ésta sea turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que él preside, llamará a reunión para establecer un calendario de trabajo.
“Evidentemente trataremos de sacarlo en el menor tiempo, pero evidentemente respetando todo el reglamento, todo el calendario, y dándole la canalización adecuada, porque se trata de un tema prioritario, ya que nosotros sí aspiramos a un sistema anticorrupción robusto. Vamos a esperar y a tratar de que este paquete salga con el mayor de los consensos”, añadió el petista.
A pregunta expresa, el parlamentario por Coahuila explicó que ante las nuevas conductas delictivas, se tiene que actualizar la ley, como en el caso del reclutamiento forzado, que es una actividad ilegal distinta a la trata y a la corrupción de menores.
“¿Qué pasa si no se crea un tipo penal específico para ese delito? Se tendría que recurrir a la trata y a la corrupción de menores, pero finalmente no es ni trata ni corrupción de menores, es un reclutamiento forzado a través del engaño, de redes sociales, de falsas ofertas de trabajo y tiene su propia característica. Entonces, en la ley debe suscribirse el delito de reclutamiento forzado”, abundó.
Finalmente, el diputado Ricardo Mejía expresó que ante las distintas problemáticas que hay en el país, en materia de procuración de justicia, es necesario modernizar la ley, “los que creemos en garantizar el acceso a la justicia tenemos que seguir en esta lucha, a fin de combatir la corrupción”.
