A 18 días de la explosión de una pipa de gas LP en la colonia Las Granjas, Cuernavaca, el abogado de una de las familias afectadas denunció presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos que podrían estar favoreciendo a Tomza Gas Titanium, empresa propietaria de la unidad involucrada.
Eduardo Núñez Morales, asesor jurídico de la familia Herrera, cuestionó la actuación de ambas autoridades.
La FGE es encabezada por Fernando Blumenkron Escobar y la Coordinación Estatal de Protección Civil está a cargo de Ubaldo González Carretes.
Tras recibir una copia cotejada de la carpeta de investigación, integrada por más de 600 fojas, Núñez Morales afirmó que no encontró los 120 dictámenes periciales que la Fiscalía ha reportado como parte de las diligencias realizadas.
“De las 120 periciales que tanto se dijo por parte de Fiscalía que se habían practicado en nuestra carpeta cotejada, no existe ni un solo dictamen rendido, ni uno solo”, sostuvo.
Explicó que el expediente contiene, en cambio, informes de peritos de la propia Fiscalía que reconocen la necesidad de apoyo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según su revisión, una perito que participó en el lugar del siniestro desde el 6 de agosto entregó su informe el día 8 y la FGE solicitó apoyo a la FGR el 14.
Sin embargo, afirmó que en la carpeta no existe constancia de una respuesta de la autoridad federal, ni información sobre los peritos que participarían o las fechas para realizar los estudios.
El abogado cuestionó que la investigación se concentre en determinar el punto de ignición, cuando las víctimas buscan saber por qué la pipa se vació de gas en plena vía pública.
“Lo que nos interesa saber es por qué esa pipa de gas se vació en plena vía pública. Y eso no lo sabemos”, afirmó.
Añadió que, según su revisión, tampoco existen peritajes sobre el estado del tanque, las válvulas o las condiciones de la unidad.
Núñez Morales señaló además que en la carpeta no aparecen datos de identificación fiscal de Tomza Gas Titanium, su personalidad jurídica ni la póliza de seguro, información que, afirmó, fue solicitada desde el día del siniestro.
También refirió que el 7 de agosto la fiscal encargada de la investigación giró un oficio “urgente” a un agente de Investigación Criminal para que acudiera a las instalaciones de la empresa y recabara documentación. No obstante, sostuvo que no existe constancia de que la diligencia se haya realizado.
“Una cosa es girar oficios y otra que esos oficios realmente lleguen a algún lugar, que se diligencien”, cuestionó.
El abogado agregó que la empresa no fue citada durante los primeros días de la investigación, pese a que, según la carpeta, las autoridades conocían desde las primeras horas posteriores al siniestro que la pipa pertenecía a Tomza Gas Titanium.
También pidió investigar la presencia de varias pipas de la empresa en un encierro ubicado en Coatetelco y determinar por qué se encontraban ahí y en qué condiciones estaban.
Núñez Morales aclaró que no encontró en la carpeta constancia de que la Fiscalía hubiera realizado esa diligencia.
El asesor jurídico calificó la actuación ministerial como una “muy, muy deficiente participación”, aunque aclaró que no puede afirmar que la Fiscalía esté protegiendo a la empresa.
Las víctimas también solicitaron información a la Coordinación Estatal de Protección Civil sobre las condiciones en que operaba Tomza Gas Titanium y las inspecciones practicadas a la empresa.
Núñez Morales cuestionó que, después de la explosión, la empresa continúe operando y que la dependencia no haya ordenado una suspensión temporal.
“¿Por qué estimó que no era necesario clausurar de manera temporal a la empresa? ¿Por qué estimó que estaban en las condiciones óptimas para poder seguir laborando?”, planteó.
También cuestionó las declaraciones de Ubaldo González Carretes respecto de que la revisión de la empresa estaba prevista para septiembre.
El abogado sostuvo que la Ley de Protección Civil del Estado establece que las inspecciones deben realizarse durante los primeros tres meses del año y pidió a la dependencia explicar por qué la revisión se habría programado para una fecha posterior.
Las solicitudes presentadas este lunes buscan conocer el expediente de la empresa, el número de pipas en circulación, las inspecciones realizadas, las observaciones detectadas y sus antecedentes.
“Vamos a ver si Protección Civil encubrió o simplemente fue omisa e irresponsable en el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.
Núñez Morales precisó que por ahora no puede afirmar que exista encubrimiento y que esperarán la respuesta de la dependencia.
El abogado sostuvo que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan y garantizar una reparación integral del daño, más allá del pago de los daños materiales.
Para ello planteó el concepto de daño punitivo, a partir del caso del Mayan Palace de Acapulco, analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los amparos directos 30/2013 y 31/2013.
En ese precedente, la Primera Sala de la SCJN analizó la reparación por daño moral y tomó en cuenta, entre otros elementos, la gravedad de la afectación, el grado de responsabilidad y la capacidad económica del responsable.
Núñez Morales consideró que ese criterio es relevante para el caso de la explosión, pues la reparación no debe reducirse a cubrir los daños materiales.
“La reparación del daño no solamente es económica, no solamente es patrimonial; hay un apartado que es extrapatrimonial”, explicó.
Sostuvo que el daño punitivo debe considerar el riesgo al que una empresa expone a la sociedad y generar un efecto disuasivo frente al incumplimiento de las normas de seguridad.
“El daño punitivo es una multa que va más allá y que se calcula con el riesgo al que expone esta empresa a la sociedad”, afirmó.
Las víctimas dieron a Protección Civil un plazo de tres días (que vence este miércoles) para responder las solicitudes de información. En caso de no obtener respuesta, Núñez Morales adelantó que podrían recurrir al juicio de amparo.
El abogado pidió a la Fiscalía asumir su papel como representante social y a Protección Civil transparentar la situación de Tomza Gas Titanium, mientras las víctimas buscan esclarecer las causas de la explosión y determinar si existieron omisiones de las autoridades encargadas de investigar y supervisar a la empresa.