Las declaraciones de Alejandro ‘Alito’ Moreno contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el caso de Rubén Rocha Moya volvieron a elevar la tensión política nacional. El inesperado retorno del mandatario sinaloense a sus funciones ejecutivas detonó una enérgica ofensiva discursiva por parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que calificó el suceso como un auténtico “escándalo mundial”.
De acuerdo con los posicionamientos oficiales emitidos por el partido tricolor, la decisión de Rocha Moya de reincorporarse formalmente de la gubernatura Sinaloa para, posteriormente, volver a separarse del cargo al día siguiente no hace más que confirmar las sospechas y señalamientos de complicidad que la oposición ha venido denunciando de forma insistente en los últimos meses.
Para la cúpula priista, este patrón de comportamiento evidencia que se está ante la presencia de un actor político acorralado por las circunstancias. El partido tricolor calificó directamente al gobernador de Sinaloa como un “cínico e inmoral narcopolítico”, acusándolo de buscar cualquier resquicio legal o institucional para evadir la acción de la justicia y asegurar su impunidad frente a las acusaciones de carácter criminal que pesan sobre su administración.
La rapidez de estos acontecimientos coloca en entredicho la gobernabilidad democrática regional y abre un debate de dimensiones nacionales e internacionales sobre la presunta penetración de intereses ilícitos en las estructuras de poder.
Ante esta crisis de legitimidad, el PRI expresó un rechazo categórico a la postura asumida por el Gobierno de México, al que acusó de mantener una “tibieza inaceptable” frente a la gravedad del caso.
En su posicionamiento, el partido opositor señaló que la falta de contundencia institucional para exigir la detención inmediata de Rubén Rocha Moya representa, desde su perspectiva, una afrenta directa al Estado de derecho.
A decir de la oposición, el actuar contemplativo de la administración federal demuestra que, para Morena, las presuntas complicidades internas y la protección a sus cuadros políticos tienen un peso superior al cumplimiento estricto de la ley y a la garantía de seguridad que se debe brindar a la población mexicana.
La ofensiva del PRI adquiere una dimensión geopolítica al vincular la crisis de Sinaloa con las investigaciones y actuaciones de las instituciones de seguridad y justicia de Estados Unidos.
La dirigencia del partido tricolor sostiene que el nerviosismo imperante en las filas de Morena es real y profundo, motivado, según su postura, por el avance de investigaciones y expedientes que se configuran en el extranjero.
Para la oposición, el temor dentro de Morena se encuentra relacionado con el endurecimiento de la política estadounidense, que incluye medidas de alto impacto como el retiro de visas, la emisión de imputaciones penales y solicitudes de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos.
El PRI elogió la firmeza con la que, a su juicio, actúan las instituciones estadounidenses, contrastándola con la inacción que percibe en las dependencias mexicanas.
De acuerdo con el pronunciamiento opositor, las agencias estadounidenses se conducen con la seriedad y el rigor técnico que demanda la delicada situación de seguridad transfronteriza, mostrando una determinación para combatir la impunidad, la corrupción y a las organizaciones del crimen organizado.
El partido recordó que estas mafias son responsables de cobrar innumerables vidas en ambos lados de la frontera, por lo que su combate, afirmó, requiere acciones contundentes.
En este contexto de cooperación internacional, el PRI defendió la necesidad de establecer un esquema de trabajo estrecho y respetuoso entre ambas naciones, evocando las políticas implementadas durante sus administraciones al frente del Gobierno de la República.
El partido sostiene que, a diferencia del aislamiento que percibe en la administración actual, sus gobiernos mantuvieron una coordinación cercana y de respeto mutuo con Washington, al considerar que la colaboración bilateral en materia de seguridad es fundamental para obtener resultados.
El pronunciamiento concluye con una fuerte aseveración política: si el PRI estuviera al frente del gobierno mexicano, ya se estaría coordinando con Estados Unidos para presentar ante la justicia a quienes califica como “narcopolíticos de Morena”.
La parte más severa del posicionamiento de la dirigencia del PRI radica en su negativa a aceptar que el caso de Sinaloa sea un hecho aislado.
El partido opositor sostiene que el gobernador de Sinaloa representa un caso que debe ser investigado a fondo. Sin embargo, la demanda priista va más allá y exige que las autoridades correspondientes actúen frente a los señalamientos que han planteado públicamente.
El PRI acusa al Gobierno de México de intentar proyectar desconocimiento sobre lo que ocurre y señala que el Ejecutivo federal se hace el desentendido frente a lo que describe como un mapa de gobernadores y funcionarios oficialistas bajo sospecha.
De manera explícita, la dirigencia opositora enumeró a varios políticos de Morena a quienes señaló políticamente en el contexto de sus acusaciones:
- Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, sobre cuyo caso la oposición acusa que el gobierno se hace el desentendido.
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en el centro de la controversia que detonó el nuevo posicionamiento del PRI.
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
- Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación.
A juicio del PRI, la desesperación por proteger y encubrir a esta supuesta red de funcionarios responde a un objetivo de mayor alcance: evitar que las investigaciones alcancen a quienes señala como responsables de la corrupción, el saqueo y los presuntos pactos con organizaciones del narcotráfico.
En su pronunciamiento, el partido mencionó directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su hijo, Andy López Beltrán.
Con la interrogante “¿o son o se hacen?”, el PRI increpó a los integrantes de Morena y sostuvo que resulta inadmisible que, siendo gobierno, finjan desconocer los hechos, bajo la premisa de que la responsabilidad también alcanza, según su postura, a quienes presuntamente encubren o facilitan el acceso al poder de personas vinculadas con actividades criminales.
Para sustentar la gravedad de sus señalamientos, la dirigencia del PRI invocó declaraciones atribuidas a la cúpula de las agencias de seguridad de Estados Unidos.
El partido opositor recordó los pronunciamientos de Terry Cole, director de la DEA, y los utilizó como parte de su argumento para sostener que existen investigaciones y presiones internacionales sobre integrantes del actual gobierno mexicano.
Con la advertencia de que “están en la mira y van por ustedes”, la oposición aseguró que el cerco internacional es un proceso en marcha que, desde su perspectiva, no podrá ser detenido por acuerdos políticos internos.
Ante la posibilidad de que estas denuncias desencadenen represalias, el PRI manifestó una postura de resistencia y desafío frontal.
El partido aseguró que no se dejará doblegar por lo que califica como campañas de persecución judicial, intimidación institucional, linchamientos mediáticos o amenazas.
En una de las declaraciones más dramáticas, lanzó una advertencia directa: “Si me quieren callar, me van a tener que matar. Y aquí los voy a enfrentar”.
Esta postura configura un escenario de fuerte polarización política, en el que la oposición asegura estar dispuesta a mantener sus denuncias y confrontar al gobierno federal.
El manifiesto del PRI concluye con una advertencia que resume su posicionamiento político: “Tiempo al tiempo, van a caer”.
Bajo esta consigna, el partido tricolor confía en que las investigaciones, los tribunales y el juicio político terminarán por alcanzar a los integrantes de la administración actual a quienes acusa de tener responsabilidades o vínculos que deberán ser esclarecidos.
De esta forma, el caso de Rubén Rocha Moya y los señalamientos relacionados con investigaciones de autoridades estadounidenses prometen mantenerse en el centro del debate nacional, mientras la confrontación entre el PRI, Morena y el Gobierno federal continúa elevando la tensión política en