Con el objetivo de garantizar una respuesta institucional más articulada, eficiente y oportuna ante contingencias que pongan en riesgo la sanidad animal, la producción pecuaria y el comercio internacional, la diputada federal aloma Domínguez Ugarte presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Sanidad Animal. La propuesta busca incorporar explícitamente mecanismos de coordinación interinstitucional para atender emergencias zoosanitarias.
La legisladora priista destacó que, si bien el marco jurídico actual faculta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para la atención de estas crisis, la experiencia reciente demuestra que los efectos de dichas emergencias trascienden el ámbito técnico-sanitario, impactando significativamente en la economía, las cadenas de suministro y el comercio de productos cárnicos.
«La sanidad animal es un activo estratégico para México, pilar de nuestra seguridad alimentaria y competitividad global. Sin embargo, ante eventos como la presencia de plagas transfronterizas, no basta con medidas veterinarias; requerimos una actuación coordinada entre federación, estados, municipios, organismos auxiliares y sectores productivos para reducir las afectaciones comerciales», señaló la Domínguez Ugarte.
La iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 16 y crear un artículo 16 Bis en la Ley Federal de Sanidad Animal. Estas adiciones no implican la creación de nuevas estructuras administrativas, sino que establecen la obligación legal de implementar mecanismos de coordinación institucional específicos ante emergencias, garantizando que las respuestas sean conjuntas, homologadas y eficaces sin menoscabo de las medidas necesarias para la protección de la sanidad animal.
La congresista del PRI subrayó que el fortalecimiento de esta coordinación es vital para mantener la confianza de los socios comerciales y brindar certidumbre a los miles de productores pecuarios que contribuyen al 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Con este proyecto, Paloma Domínguez reafirma su compromiso con el sector agropecuario mexicano, promoviendo un marco legal que permita al Estado mexicano enfrentar los desafíos sanitarios con mayor resiliencia y capacidad de respuesta en beneficio de la economía nacional.