Por Víctor Barrera
El llamado régimen de la 4T sigue demostrado que su único objetivo es mantenerse en el poder a costa de los que sea. Primero fue la desaparición de los organismos autónomos, que fueron creados a partir de la exigencia de la sociedad para que existiera transparencia en los actos de gobierno. Es decir, que la ciudadanía pidió crear estos organismos que vigilaran información de lo que hacía el gobierno con el dinero público, el de todos los mexicanos.
Esta decisión regreso a México a la opacidad del gobierno, porque ahora resulta más difícil obtener información precisa de en qué se utiliza cada centavo y peso que se ocupa de los recursos públicos.
Después se realizó una reforma al Poder Judicial, para dar mayor certeza a la población de que la ley sería aplicada de manera mucho mejor. El resultado es que este Nuevo Poder Judicial toma decisiones más políticas que jurídicas, lo que ahuyenta a os inversionistas, porque no existe un respeto al Estado de derecho lo que impide dar garantía de una protección a los capitales.
Después se fue colonizando a los institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la intención de que las decisiones de estos institutos no fueran tan severas hacia el partido en el poder. Así lo ha demostrado las campañas políticas adelantadas disfrazadas de ejercicios internos, pero que a todas luces son instrumentos para posicionar a sus candidatos mucho tiempo antes de celebrar comicios.
Ahora se busca controlar el manejo de la información a través de cumplimentar una ley que existe pero que no tiene especificadas sanciones. Se busca controlar la información calificando cual es verdadera y cual no.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones iniciará una consulta pública, que culminará el próximo 21 de agosto, para emitir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
Esto último ya existía, principalmente sobre los medios públicos, pero ahora se busca extender a medios que tiene una concesión del uso del espectro de radiodifusión y televisión. A pesar de que los integrantes de la Cámara de la Industría de la Radio y la Televisión (CIRT), ya estaban comprometidos con esto al tener un procurador o potector de las audiencias dentro de sus estructuras.
Esta medida, muestra la ignorancia de quienes lo proponen al confundir un artículo informativo con uno de opinión y por ello señalan que existen muchas declaraciones en los medios informativos que no son reales.
Por esto se trata de controlar la información que salga de los medios informativos de la radio y la televisión, y para los periodistas que ahí trabajan Esto representa coartar la libertad de expresión.
De esta manera quedará únicamente el ejercicio diario de cada mañana como la fuente fidedigna de los hechos e información. Lo que parece realmente algo peligroso, porque dese este sitio, se ha criticado y descalificado a muchos medios informativos y a gente que trabaja en ellos.
Además, quien emita una opinión, podría ser sancionado, porque no se apega a la verdad que saldrá cada mañana de Palacio Nacional. Esto entonces se convierte en una Ley de Censura.
Este régimen, de la 4T, ha mostrado a lo largo de los años que no le gusta y conviene que se ventilen hechos de corrupción, donde participen funcionarios públicos y por eso ahora quieren controlar a los medios. Ellos decidirán si la información recabada por los medios informativos, a través de sus reporteros e investigadores es verdad o falsa y lo más seguro es que calificaran de falsa. Dejando al público, a quien quieren defender, en la ignorancia de los hechos.
Ahora la información deberá ser homogénea con la que cada mañana se dicte, y si se asegura que existen los medicamentos suficientes en el sistema de salud será esta la verdad, aun cuando en los institutos y centro de salud estos medicamentos sean escasos. Se dirá que los gobiernos emanados de Morena son mejor que los de oposición, aun cuando existan índicos de corrupción.
Se manifestará que no existe la corrupción en el gobierno, porque aquel que ose a decir lo contrario se le calificará de mentiroso y que sus fuentes de información no son las adecuadas.
Lo peor es que a las audiencias se les tratará como personas con poca capacidad de reconocer un artículo informativo o nota y de uno de opinión.
Las sanciones que se proponen para aquellos medios que no acaten las decisiones, serán de impacto en las finanzas de las empresas. Esto obligará a que muchos medios erradiquen de plano sus espacios noticiosos o solo repitan la información que salga de Palacio Nacional. Esto será volver a la opacidad de información, a la falta de rendición de cuentas y a la falta de transparencia del actuar de los gobiernos.
Será ahora el trabajo de los legisladores, el aprobar esta nueva ley, que significa violentar los artículos constitucionales sexto que garantiza el derecho a recibir información plural y oportuna y el séptimo que protege la libertad de difundir ideas y opiniones por cualquier medio y prohíbe expresamente la censura previa.
Serán los legisladores, que en estos momentos son mayoría del partido en el poder y aliados, quienes con su decisión nuevamente mostrarán de qué lado están, del que corresponde que es vigilar el bienestar de la población de solo querer mantener “su chamba” dentro del gobierno.
S i lo que se busca es proteger a las audiencias, lo mejor es dejarlos crecer y hacerlos responsables de sus propias decisiones. Porque censurar es un paso más para destruir la pluralidad y la democracia en el país.