El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a autoridades ambientales y estatales a suspender las obras de la mega recicladora en San José Chiapa, Puebla, hasta que se acredite el cumplimiento íntegro de las garantías ambientales y de participación establecidas en la Constitución y en el Acuerdo de Escazú.
El legislador del PRI pidió a la Semarnat hacer pública y accesible la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y los estudios técnicos que sustenten la viabilidad del proyecto que forma parte de los “polos de desarrollo de economía circular para el bienestar”.
Además, solicitó abstenerse de otorgar o mantener autorizaciones sin evidencia científica verificable que garantice que la planta para el tratamiento de residuos no afectará los mantos acuíferos de la cuenca Libres-Oriental ni generará emisiones tóxicas que vulneren el derecho a un medio ambiente sano.
También solicitó a la Profepa atender con diligencia la denuncia popular presentada, realizar inspecciones y verificaciones, y dar a conocer públicamente los resultados, incluyendo medidas de seguridad o correctivas.
Asimismo, exhortó al gobierno estatal a realizar una consulta indígena pública, previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de carácter vinculante, dirigida a la población de San José Chiapa y municipios de la cuenca potencialmente afectados.
Moreira Valdez subrayó que su propuesta no busca frenar el desarrollo, sino exigir que éste se realice con verdad, estudios científicos accesibles, participación real de las comunidades y respeto pleno al ambiente sano. De lo contrario, advirtió, San José Chiapa podría convertirse en una zona de sacrificio ambiental y el Estado sería responsable del daño.
Habitantes de la comunidad alertaron que el proyecto operaría más como una incineradora que como recicladora, capaz de recibir residuos de Puebla, Estado de México y otras entidades, generando emisiones altamente tóxicas —dioxinas, furanos y metales pesados— sin contar con una MIA autorizada por Semarnat.
Además, señalaron la existencia de un relleno sanitario preexistente que debe ser atendido antes de establecer el polo de economía circular.
El exgobernador de Coahuila recordó que la comunidad indígena tiene derecho a ser consultada antes de cualquier proyecto que afecte su entorno. La falta de consulta, dijo, viola el artículo 2 de la Constitución y los principios del Acuerdo de Escazú, que garantizan la participación comunitaria en asuntos ambientales.