Por Víctor Barrera
Desde hace varios años, se ha preguntado al gobierno federal si realizará una reforma fiscal que permita equilibrar la recaudación con los gastos que efectúa el estado, con el objetivo de evitar que cada año se recorten los presupuesto algo que impide desarrollo y por supuesto económico del país.
La respuesta ha sido un rotuno no a crear esta miscelánea fiscal, porque lo que se busca es obtener la consolidación fiscal con lo que hay. Aun cuando saben que esto es más que difícil.
Esta administración federal ha sido la receptora de la “maldita herencia” que le dejó la anterior administración. La de Andrés Manuel López Obrador, que realizó una serie de obra que hasta ahora siguen costando enormes cantidades para el estado y para cubrir estos se hace necesario recortar los presupuestos en todas las áreas.
Esto por supuesto disminuye la inversión pública hasta colocarla a solo un 2.5 por ciento del PIB, que es insuficiente para generar la infraestructura suficiente para desarrollar más zonas para el desarrollo y crecimiento económico del país. El resultado de todo esto es que llevamos siete años creciendo con un promedio de un punto porcentual, algo que está muy alejado del 6 por ciento que se prometió con el cambio.
Así mientras el gasto público para crear infraestructura disminuye, los recursos públicos para cubrir las obligaciones del Estado aumentan. Pero a esto se suman los gastos que se deben realizar para tratar de cubrir las “fallas” que se presentan en las grandes obras creadas en el sexenio anterior.
Se otorgan enormes cantidades para tratar de estabilizar un AIFA que no obtiene el reconocimiento internacional de las empresas de aviación, siquiera para ser un aeropuerto de carga, por el tamaño que tiene y la falta de pistas de aterrizaje y salida.
El Tren Maya sigue con diversos problemas en su funcionamiento, mientras que el Interoceánico sigue mostrando “movimientos” que no deberían suceder.
La refinería de Dos Bocas, sigue sin producir las gasolinas suficientes y esta se debe de importar de estados Unidos, lo que de entrada representa un costo mayor del combustible, pero que es solventando con recursos públicos.
Se ha buscado de mil formas evitar que Pemex y CFE sean saneadas financieramente, pero esto no ocurre y los números s rojos de estas empresas del estado siguen siendo frecuentes. Se han convertido en el enorme hueco que es imposible de tapar.
Se afirma que se esta alcanzando la consolidación fiscal, pero la recaudación sigue siendo cada vez más pequeña, Para cubrir esto se hace necesario recurrir a la colocación de papeles de deuda. Los cuales solo son refinanciados y patean el problema, dejando a las siguientes generaciones con el problema.
No existe un incentivo para generar que llegue más inversión al país, por incertidumbre que representa un débil Estado de Derecho un alto índice de inseguridad y la corrupción existente en la estructura del gobierno.
Se dice que se construye el segundo piso de la transformación, y este solo representa el mayor gasto para mantener en pie las costosas obras.
Se afirma que se crean empleos, pero la informalidad sigue en aumento acercándose peligrosamente al 60 por ciento de la población que ahí labora. Esto por supuesto no genera un enorme agujero en la recaudación fiscal.
Pero como no se hace lo necesario para generar empleos formales con salarios dignos sustentados en la productividad y crecimiento económico, se permite que la informalidad se apropie de las calles de México deteriorando la infraestructura y creando con ello otro gasto al estado.
En México no se precisan objetivos a conseguir en el corto, mediano y largo plazo y se sigue actuando con ocurrencias que terminan disminuyendo el gasto público.
La economía mexicana presenta ya 39 meses en estancamiento, el ingreso per cápita de los mexicanos es cada vez menor y precario y la brecha social sigue creciendo aun cuando se quiera presumir que se combate a la pobreza.
Es necesario realizar una reforma fiscal, donde todos los mexicanos contribuyamos, pero antes se hace necesario establecer estrategias de seguridad para evitar que los recursos públicos sigan utilizándose como cartera personal de una clase política que se siente intocable.