Ante la parálisis e inoperancia de 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) declaradas en el país para 23 estados de la República, organizaciones sociales de defensa derechos de las mujeres, recriminaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo faltar a su compromiso de mejorar ese mecanismo de protección, como parte de su discurso de que es “tiempo de mujeres”.
Al señalar que durante la breve gestión de la Citlali Hernández como la primera titular de la Secretaría de las Mujeres, generó una parálisis del mecanismo que supervisa el cumplimento de las AVGM, en conferencia de prensa, integrantes de organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Alertistas resaltaron que la “negligencia y omisión” gubernamental, las llevó a recurrir a los tribunales y ganar un amparo que obliga al gobierno de Sheinbaum Pardo a reglamentar en materia de violencia de género.
“Lamentamos que las leyes que se han creado para proteger a las mujeres de la violencia se tengan que litigar para que se apliquen, eso es muy grave, en un país donde se asesinan de 10 a 11 mujeres diarias, donde las AVGM han identificado contextos graves de desaparición, porque lo que poco que ha funcionado del mecanismo de AVGM ha sido porque el Poder Judicial ha obligado a la autoridad, al Ejecutivo”, destacó María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF.
Ana Yeli, Pérez Garrido, de Justicia Pro Persona, explicó que, en abril de 2022, durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se decretó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Liber de Violencia (LGAMVLV), estableciéndose en uno de sus artículos transitorio un plazo de 60 días para que la Presidencia publicara el reglamento correspondiente, lo que hasta ahora no ha sido cumplido.
Lo anterior a pesar de que organizaciones sociales participaron activamente con la Secretaría de Gobernación (Segob), la entonces encargada de la supervisión de las AVGM a través de la extinta Comisión Nacional para la Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para realizar un proyecto de reglamento, apuntó Pérez Garrido.
Ante el silencio institucional y las promesas incumplidas de la extitular de la Secretaría de las Mujeres, que asumió la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las AVGM, las organizaciones afiliadas al OCNF tramitaron un amparo, que tuvo que ser revisado por un tribunal colegiado.
“El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a las autoridades responsables reanudar las labores de dictaminación, integración y consulta del proyecto del reglamento, y emitir un calendario vinculante que contemple las etapas de validación técnica, revisión jurídica y envío del proyecto a la Consejería Jurídica de la Presidencia”, explicó Pérez Garrido.
Las defensoras explicaron que debido a esa falta de reglamentación de la LGAMVLV y a que “de manera arbitraria”, la entonces secretaria de las Mujeres eliminó la obligatoriedad de los estados con AVGM a informar sobre sus avances cada seis meses, “se ha obstaculizado la implementación de las 26 AVGM vigentes en el país, al mantener procedimientos poco claros, generar discrecionalidad en la actuación de las autoridades y retrasar medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de adolescentes y niñas”.
Como ejemplo de discrecionalidad, Estrada puso de ejemplo la falta de parámetros para canalizar recursos de la federación para atender las recomendaciones de las AVGM.
“Lo que se ha querido es tener paralizado el reglamento porque lo que no quieren es la rendición de cuentas. Este año se entregaron a la Secretaría de las Mujeres para subsidiar las AVGM, 131 millones de pesos, hay estados como Colima que le dieron 12 millones de pesos, o a la Ciudad de México casi le dieron 4 millones, cuando no tiene una alerta federal; desconocemos qué es lo que los estados mandaron de proyectos sobre la alerta, sin embargo lo que nos dice hoy la Secretaría de las Mujeres es que sólo revisan que los estados entreguen las facturas, no se revisa el impacto del uso de los recursos en la reducción de la violencia contra las mujeres, cuando en 2022, la reforma estableció que los estados sí tienen que rendir cuentas”.
Marina Reyna Agular de la Red Nacional de Alertistas, se sumó a la denuncia de que la falta de un reglamento de la LGAMVLV representa “graves retrocesos” para la operación de las Alertas, obstaculizando el trabajo de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios de las AVGM, compuestos por organizaciones defensoras de mujeres, expertas y las peticionarias de las alertas.
Reyna Aguilar contó que, en el caso de Guerrero, estado con AVGM desde 2017, la Red Nacional solicitó que “se incorpora el municipio de Taxco, donde nosotras documentamos toda la violencia feminicida (…) desde esa fecha, solamente se nos dio la admisibilidad de la solicitud pero no tenemos una respuesta, la Secretaría de las Mujeres, no hace efectiva la facultad que le da la ley de que, en casos de emergencia, no tenga que depender del grupo interinstitucional y multidisciplinario para declarar la alerta”.
Puntualizó que “no es que el mecanismo no sirva, en realidad son las autoridades de los tres niveles de gobierno que no funcionan, que no atienden este marco legal tan robusto que tenemos en México, sin embargo, no le dan la importancia, no hacen que funcione el mecanismo y quienes no funcionan son las autoridades que están en su momento operando y son responsables”.
Una situación similar a Guerrero ocurre en Veracruz, donde Metzi Ávila San Martín, recordó que en Veracruz la parálisis ha impedido que se decrete una tercera AVGM por desaparición de mujeres, cuando ya hay otras dos por feminicidio y por agravio comparado.
Otras entidades en situaciones similares son Aguascalientes, en tanto que no hay reuniones de trabajo de supervisión, porque a la que le corresponde realizar ese trabajo es a la Secretaría de las Mujeres.
En el caso de Guanajuato, Iovana de los Ángeles Rocha Cano, resaltó que debido la AVGM ha sido utilizada con fines propagandísticos, toda vez que ante modificaciones a protocolos, a leyes y de capacitación a funcionarios, se alega que es en respuesta precisamente a ese mecanismo.
Sin embargo, cuando hay denuncias por el incremento preocupante por la violencia contra las mujeres, “lo que se argumenta es que la AVGM no sirve, cuando su creación tiene que ver con un tema de urgencia, la política pública debería ser de prevención de la violencia contra las mujeres”.
María de la Luz Estrada hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, en espera de que no continuar litigando para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia.
“Quiero hacer un llamado a la presidenta de la República, ella dijo que es tiempo de mujeres, ella estaba preocupada por tener una ley general de feminicidio, pero la AVGM es la que ha obligado a mejorar procedimientos, a estar a pesar de todos los obstáculos que ha tenido, pero hoy les estorba.
“Yo espero que para que el amparo quede sin efectos, sea porque el día de mañana la presidenta ordene la publicación del reglamento que esté a la altura de la LGAMVLV de 2022, puede haber mejorías si realmente hay una preocupación para mejorar, para que disminuya la violencia”, sentenció María de la Luz Estrada.