La comunidad indígena autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, denunció que el Poder Judicial de Jalisco prepara una audiencia para este lunes 6 de julio que podría derivar en la liberación de uno de los responsables del homicidio de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad, asesinado a tiros el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal El Caracol.
De acuerdo con un comunicado difundido por la comunidad, la audiencia se desarrollará dentro de la carpeta administrativa 343/2026, radicada en el Décimo Distrito Judicial con sede en Tequila, a partir de un incidente de incompetencia por inhibitoria promovido por la defensa de Manuel de Jesús Aguilar Herrera, uno de los señalados en el ataque contra Aguilar Rojas, en el que también resultó herido de gravedad el comunero Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). Los otros cuatro presuntos responsables permanecen prófugos.
El día del ataque, el CNI identificó como presuntos agresores, además de Manuel Aguilar Herrera, a Esteban Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Víctor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, quienes huyeron en un vehículo gris hacia Villa Guerrero o Mezquitic, “todos ellos vinculados a los caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, Jalisco”, según el organismo.
En un pronunciamiento emitido tras el homicidio, el CNI denunció el hecho “con indignación, rabia y profunda preocupación” y lo enmarcó como parte de un patrón de agresiones contra pueblos originarios que defienden su territorio. Exigió sanciones contra los responsables materiales e intelectuales, así como garantías de seguridad para los habitantes de San Lorenzo de Azqueltán. También responsabilizó al gobierno federal por la falta de reconocimiento oficial de la comunidad indígena, y al gobierno de Jalisco por sostener un contexto de impunidad favorable a los grupos en disputa con los comuneros.
Cabe recordar que el asesinato ocurrió apenas tres semanas después de que la comunidad denunciara un despojo violento en terrenos comunales en litigio agrario. Señaló que, desde el 4 de noviembre de 2025, presuntos policías investigadores de la Fiscalía del Estado ingresaron a varios predios, exigieron a los comuneros que los abandonaran y se llevaron materiales de construcción, entre ellos los usados para un pozo en el predio La Cueva de la Mosca —el mismo terreno donde, meses después, se registrarían los hechos de intimidación reportados en junio de 2026—.
La abogada de la comunidad, Quetzal Prado, afirmó entonces que los agentes actuaron sin identificarse y fuera de su competencia, pues la disputa por la tierra se encontraba en trámite ante el Tribunal Agrario 16. La comunidad sostuvo que estas acciones favorecían al particular Refugio Raygoza, quien buscaría ampliar de forma irregular una posesión que la comunidad había tolerado.
San Lorenzo de Azqueltán mantiene desde 2015 un juicio agrario por el reconocimiento de 39 mil hectáreas en posesión de 119 comuneros. Asegura que enfrenta hostigamiento mediante carpetas de investigación “sin sustento” y que la Fiscalía no atiende con la misma diligencia sus denuncias por agresiones y amenazas.
La comunidad sostuvo que el objetivo del trámite programado para el 6 de julio es modificar la medida de prisión preventiva oficiosa impuesta a Aguilar Herrera, sin que las víctimas ni su representación legal hayan sido notificadas del proceso. Acusó que el juzgado de Tequila carece de competencia legal para resolver el asunto y que no existen elementos probatorios ni fundamento jurídico que respalden un cambio en la medida cautelar. Advirtió que cualquier resolución favorable al acusado, sin garantizar la participación de las víctimas, constituiría un acto de complicidad con la impunidad y el despojo territorial.
El reclamo de la comunidad tiene sustento en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). El Artículo 26 establece que la incompetencia por inhibitoria puede promoverse a petición del Ministerio Público, el imputado o su defensor, o de la víctima u ofendido o su asesor jurídico, y que debe resolverse en audiencia “con las formalidades previstas en este Código” —lo que implica que la víctima es parte reconocida en ese incidente, no una mera espectadora—. A ello se suma el derecho previsto en el Artículo 109, fracción XV, del mismo Código, que faculta a la víctima a intervenir en todo el procedimiento, por sí o mediante su asesor jurídico.
El comunicado más reciente relató además hechos ocurridos el 29 de junio pasado en el predio conocido como La Cueva del Mosco o Peñasco Blanco, donde un hombre y una mujer identificados como Juan Aguilar Márquez y Rosalba de la Cruz García llegaron en una camioneta con actitud amenazante hacia comuneros que resguardaban el terreno, entre ellos menores de edad.
La comunidad denunció que, días antes, el Ministerio Público de Villa Guerrero se negó a recibir sus denuncias por robo de postes y alambres y por amenazas, argumentando que debían presentarlas en Colotlán. Sin embargo, el 1 de julio policías municipales notificaron a los comuneros —incluidos niños— que existían medidas de protección a favor de Juan Aguilar Márquez, pese a que, según la comunidad, los videos del incidente no muestran actos de intimidación de su parte.
Para los denunciantes, el contraste evidencia una respuesta selectiva de las autoridades: lentitud ante las agresiones que sufre la comunidad, y rapidez para actuar contra quienes defienden el territorio.
La comunidad exigió al Poder Judicial de Jalisco declarar improcedente el incidente de incompetencia y abstenerse de modificar la prisión preventiva oficiosa dictada por el juzgado penal de Colotlán. A la Fiscalía estatal le solicitó detener la criminalización de comuneros y autoridades tradicionales, cesar la revictimización de menores de la comunidad, e investigar las denuncias que ha presentado, y no solo las que se han presentado en su contra.
Llamó también al Congreso Nacional Indígena, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación a estar atentos a la audiencia programada para este lunes 6 de julio.