Legisladores del PAN Y PRI denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado y la Unidad de Seguimiento e Investigación de la Auditoría Superior de Nuevo León al gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez, por uso de recursos públicos con fines electorales.
Los diputados priistas Armida Serrato Flores y Fernando Aguirre Flores, y los panistas Claudia Caballero Chávez del PAN y el coordinador albiazul, Carlos de la Fuente Flores, presentaron las querellas, se informó en un comunicado de prensa.
En la fundamentación jurídica, los legisladores evidencian una estrategia de promoción personalizada mediante la utilización de recursos humanos, materiales y financieros del gobierno del Estado durante el partido de futbol celebrado el lunes, entre las selecciones de Marruecos y Países Bajos.
En el evento se distribuyeron playeras color naranja, se movilizó a funcionarios y empleados estatales y se ejecutaron otras acciones que, presuntamente, vulneran los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que debe acatar la administración pública.
En las denuncias se relatan diversos delitos realizados por Samuel García y Mariana Rodríguez.
Destacan el posible delito de peculado, posibles delitos patrimoniales cometidos por servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, además de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
También se configuran delitos como posible ejercicio ilícito del servicio público o desempeño irregular de funciones, posible participación de particulares y proveedores, relevancia penal del uso de personal público en horario laboral y relevancia penal de la contratación, adquisición o distribución de playeras, entre otros.
Armida Serrato enfatizó que además el mandatario emecista utilizó un helicóptero Black Hawk, usado para vigilancia por Fuerza Civil, exclusivamente para llegar al puente Colombia a encontrarse con aficionados de Países Bajos.
“Es decir, el gobernador utilizó un bien para un fin distinto al de su objeto. Pues, abordó el Black Hawk para recreación, en lugar de utilizarlo para la seguridad pública de Nuevo León”, aseguró la diputada del PRI
“Implica un uso indebido de recursos públicos, en este caso, de un bien mueble. Ello, toda vez que, la adquisición del Black Hawk se concentró en garantizar la seguridad de la ciudadanía, no para fines distintos, entre ellos, el traslado de una persona para fines recreativos”, añadió.
Estas denuncias ante organismos que combaten la corrupción se suma a una denuncia por delitos electorales presentada el martes por diputados locales y federales del PAN Y PRI ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).