Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico mexicano y blindar la seguridad en la cadena de suministro farmacéutica, el diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. La propuesta busca adecuar las sanciones penales y administrativas a la gravedad real que representa la falsificación, adulteración, contaminación y alteración de medicamentos en el país.
El legislador señaló que la salud y la vida de las personas son bienes jurídicos de la más alta relevancia constitucional, por lo que el castigo debe ser proporcional al riesgo que generan estos delitos.
«Esta reforma no pretende ampliar injustificadamente el poder punitivo del Estado, sino fortalecer la capacidad institucional para proteger eficazmente el derecho a la salud, preservar la seguridad de los pacientes y salvaguardar la confianza pública en el sistema sanitario», afirmó el legislador.
La iniciativa introduce agravantes específicas para identificar los casos de mayor afectación al interés público. Se propone aplicar consecuencias considerablemente más severas cuando los medicamentos apócrifos estén destinados a enfermedades graves; los productos ilícitos sean introducidos en instituciones de salud; y en el delito participen servidores públicos o profesionales del sector sanitario que, por su cargo o profesión, tengan una responsabilidad especial.
El diputada priista enfatizó la necesidad de una protección reforzada para los pacientes más vulnerables. Quienes dependen de tratamientos especializados se encuentran en una situación de total indefensión al no contar con los medios para verificar la autenticidad de los insumos que reciben.
Además del incremento en las penas de prisión, la reforma apuesta por una lógica preventiva e integral. Indicó que para evitar la continuidad de las actividades ilícitas y mitigar el riesgo de reincidencia, se contempla la clausura definitiva de los establecimientos involucrados y la inhabilitación temporal de los responsables dentro del sector farmacéutico.
Finalmente, la propuesta del congresista subraya que el marco jurídico debe contemplar una respuesta diferenciada y acorde a la entidad del daño cuando estas conductas dejen de ser un riesgo potencial y se conviertan en daños concretos para la población.
“Se trata de una respuesta legislativa focalizada, proporcional y congruente, indispensable para dotar al Estado mexicano de herramientas eficaces contra una amenaza directa a la salud pública”, concluyó.