El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) emplazó al gobierno de Claudia Sheinbaum para que a más tardar el próximo 29 de agosto informe sobre 17 desapariciones forzadas atribuidas a elementos de la Secretaría de Marina, ocurridas en 2018, y sobre las medidas de protección para el defensor Raymundo Ramos Vázquez, víctima de espionaje a través del malware Pegasus, operado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
En una comunicación fechada el 29 de mayo en Ginebra, relacionada con la Acción Urgente número 478-494/2018, en la que se solicita la intervención del CED para la localización de 17 personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018, el órgano de tratado recordó al Estado mexicano que dejó de informar sobre esos casos en 2022, por lo que urgió a restablecer la comunicación y notifique sobre las medidas tomadas para la localización de Maurico Toledo Cervantes, José Luis Bautista Carrillo, Alan de la Fuente Serna, Rubén de la Fuente Serna, Jorge Antonio Hernández Doínguez, Juan Calos Zaragoza González, Brando Eduardo Nevaréz García, Julio César Miramontes Arredondo, Alférez Hernández, Jonathan Ballesteros Loaiza, Marks Moreno Salas, Israel Jiménez Pacios, Daniel García Ramírez, Marco Antonio Romero Sánchez, José Daniel Trejo García, Gabriel Gaspar Vázquz y Adolfo Ángel Chigo Villegas.
Tras recordar que la última comunicación que el CED tuvo con el Estado mexicano sobre estos casos fue el 11 de agosto de 2022, el Comité lamentó “el tiempo transcurrido desde su última interacción con el Estado Parte sobre los casos de referencia, el cual resultó de circunstancias fuera de su control”, más aún porque “la suerte y el paradero de las 17 personas referidas (…) todavía no han sido esclarecidos a más de ocho años de su desaparición”.
Cabe recordar que la semana pasada un grupo de familiares de 20 personas desaparecidas en el mismo periodo en Nuevo Laredo, estuvieron en la Ciudad de México para protestar por la reciente absolución de un juez federal a siete marinos presuntamente involucrados en la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo.
En la reciente comunicación, el Comité recordó que en sus últimas comunicaciones el Estado mexicano reportó la elaboración de un “análisis de contexto”, realizado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, de la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese documento recordó que se detalla un “mapeo” de los casos vinculados con la acción urgente; sobre los hallazgos de restos óseos encontrados en operativos de búsqueda y las búsquedas realizadas, así como sobre “el involucramiento de agentes del Estado en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y los patrones de modus operadi”; un informe forense de restos óseos encontrados durante las búsquedas, sobre otros operativos de búsquedas.
Sin embargo, el CED advirtió que hay zonas que aún no han sido exploradas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, enlistando nueve puntos que no habrían sido revisados bajo el argumento de “motivos de seguridad de los familiares de las personas desaparecidas”, lo que para el organismo internacional “no puede ser tomada como causa de la falta de intervención de las autoridades a cargo de los procesos de búsqueda e investigación”.
Tras señalar que no hay evidencias de cumplimiento de acuerdos con familiares de víctimas para abordar las desapariciones forzadas, el CED reiteró las recomendaciones que le hizo al Estado mexicano en mayo de 2018, en mayo de 2020 y 4 de octubre de 2024, esto es: el establecimiento inmediato de “una estrategia e búsqueda e investigación” para los 17 casos; explorar todas las hipótesis de investigación, incluso el “involucramiento de agentes directo de agentes de la Marina Armada en los hechos, destacando entre otros hechos que viajaban en convoy en vehículos tipo pickup, de diversos colores (no oficiales), o con características similares a los vehículos oficiales de la dependencia”; disponer de “recursos materiales necesarios y el personal adecuadamente capacitado para localizar a las personas desaparecidas”; procesar e identificar los restos óseos encontrados, así como explorar los nueve puntos pendientes señalados por los familiares y entrevistar a los 30 elementos de la Marina que inicialmente fueron detenidos por las desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo en 2018.
El CED urgió a la Fiscalía encargada del procesamiento de las investigaciones y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantener informados a los familiares de las víctimas sobre la judicialización de los casos, además de dictar medidas cautelares a favor de los familiares y del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, quien les ha brindado acompañamiento.
“El Comité también lamenta que el Estado Parte no haya proporcionado información alguna sobre las medidas de protección adoptados a favor de los allegados de las 17 personas desaparecidas, para proteger su vida e integridad persona y permitirles actividades relacionadas con los procesos de búsqueda e investigación relacionados con su caso, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, vigilancia u hostigamiento”, alertó el CED.
Asimismo, refirió estar “particularmente preocupado” debido a que Ramos Vázquez “habría sido víctima de actos de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el uso del malware Pegasus”.
Tras urgir a realizar “sin demora” evaluaciones de seguridad para los familiares de las 17 víctimas de desaparición, “preservar sus vidas e integridad personal”, y garantizar sus labores de búsqueda, el CED hizo énfasis en el espionaje contra el defensor Raymundo Vázquez.
El organismo instó al Estado mexicano investigar las alegaciones de espionaje mediante Pegasus “de forma inmediata “, sancionar a los responsables de los hechos y proponer a Ramos Vázquez “el desarrollo de un análisis de riesgo y, en caso de que lo acepte, llevarlo a cabo de forma inmediata para identificar, en consulta directa con él, las medidas cautelares de protección que pueda necesitar”.
El Comité contra la Desaparición Forzada emplazó al Estado mexicano enviar información sobre las medidas recomendadas antes del 29 de agosto próximo, advirtiendo que la comunicación será compartida con los familiares de las personas desaparecidas y su defensor, así como que mantendrá abierta la Acción Urgente “mientras la suerte y paradero de las personas desaparecidas en las cuales se registraron las acciones urgentes de referencia en esta nota no hayan sido esclarecidos”.