El estallamiento de la huelga por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), que dirige, Cuauhtémoc Nieblas Cota, mantiene a más de 42 mil estudiantes en el limbo académico y expone la mayor debilidad de la administración actual
Mientras el aparato del Estado —tiempo, operadores, logística y recursos— se moviliza con aceitada precisión para coordinar pasarelas, destapar «corcholatas» y tapizar el territorio con lonas de proselitismo anticipado, la resolución de la crisis en la Máxima Casa de Estudios se administra a cuentagotas, como si el tiempo de los jóvenes sonorenses fuera un recurso renovable y sin costo político.
Este contraste es letal para la narrativa del oficialismo. Un gobierno que cimenta su legitimidad en la cercanía social no puede permitirse el lujo de normalizar los campus vacíos y el candado en las rejas como un paisaje ordinario de la temporada.
En política, la omisión también es una postura. Al relegar la mesa de negociación a un asunto secundario mientras se prioriza la agenda sucesora, el Ejecutivo estatal comete un error: subestimar el costo de oportunidad de las familias sonorenses.
Detrás de la métrica fría de los 42 mil alumnos varados opera una realidad socioeconómica invisible para la burocracia de oficina. La huelga impacta directamente en los bolsillos de miles de familias de Caborca, Navojoa, Cajeme o Guaymas, solo por citar algunos, cuyos hijos foráneos continúan generando gastos de renta, luz y manutención en Hermosillo por una educación que el Estado tiene bajo llave.
Para una una familia que realiza un esfuerzo extraordinario tratando de garantizar el porvenir de sus hijos, ver que el dinero público fluye con alegría para el activismo electoral, pero escasea para destrabar el nudo del ISR o el rezago salarial de la UNISON, representa un agravio que dinamita el relato de la transformación.
La gestión de crisis moderna exige gobernantes de tiempo completo, no coordinadores de campaña de fin de semana. Cuando la agenda electoral devora a la agenda de gobierno, las instituciones entran en un estado de inanición operativa. Ofrecer parches financieros de última hora tras semanas de parálisis demuestra que no se está gobernando de forma proactiva, sino reaccionando bajo el peso del desgaste mediático.
Si la educación superior de un estado se subordina al juego de las sucesiones políticas, el daño a la competitividad y al tejido social es de largo plazo. El capital político no es estático; se erosiona al mismo ritmo que las aulas permanecen vacías.
El oficialismo parece olvidar que las mismas estructuras y sectores que hoy ven su futuro congelado bajo las banderas rojinegras serán los encargados de evaluar la eficacia de su gestión en las urnas. Es momento de guardar las lonas, desactivar la maquinaria electoral y devolver la prioridad a donde verdade