Desde el pasado 6 de mayo, autoridades indígenas locales denunciaron la intensificación de ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, del municipio de Chilapa, Guerrero. Se trató de ataques realizados durante más de ocho horas con armas de alto calibre y bombardeos con drones que provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas, de acuerdo con lo denunciado posteriormente por el Congreso Nacional Indígena.
Estas acciones no son aisladas: se enmarcan en el asedio sistemático que por años han afectado a las comunidades que integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes han sido víctimas de asesinatos, desapariciones, hostigamiento y amenazas dentro de uno de los territorios más violentos del país, donde las instituciones de gobierno han sido omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades de construir una seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y garantizar el acceso a la justicia.
Ya desde 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había solicitado a las autoridades realizar las acciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de las comunidades integrantes del Cipog-EZ ante el incremento de hechos de violencia registrados por lo menos desde 2014. Durante los últimos 12 años, de acuerdo con lo que reportan las autoridades indígenas, el crimen organizado, específicamente el grupo de Los Ardillos, ha asesinado por lo menos a 81 personas y desaparecido a otras 25.
La Montaña Baja de Guerrero se ha convertido en un territorio disputado por los grupos criminales. En tierras donde anteriormente el crimen organizado poseía cultivos estratégicos, hoy impulsan la llegada de megaproyectos extractivos que exploten los minerales del subsuelo.
La llegada de mineras a la zona representa un beneficio para los grupos criminales que imponen el pago de cuotas y extorsiones para permitir la extracción y transporte de dichos minerales, tal como lo hacen en muchos otros sitios del campo mexicano.
Para ello, los ataques coordinados contra la población civil buscan desarticular la organización indígena que históricamente ha resistido tanto las amenazas del crimen organizado, como a los megaproyectos extractivos y ha sido crítica de la acción del propio Estado mexicano cuando impulsa un proyecto de nación que se traduce en la opresión y exclusión de los pueblos indígenas. Desplazar a las comunidades indígenas abre la puerta para el control territorial del crimen organizado en contubernio con autoridades locales, tal como han documentado diversas fuentes periodísticas que han expuesto los vínculos de autoridades municipales de Guerrero con distintos grupos criminales.
El desplazamiento forzado de las familias y comunidades indígenas supone no sólo el movimiento involuntario a otras comunidades y territorios, sino el abandono de todo medio de sustento económico de las familias y la vulneración a sus derechos humanos fundamentales. En las comunidades atacadas quedan casas incendiadas, animales abandonados y cosechas perdidas, sin que la presencia tardía de las fuerzas armadas sea capaz de garantizar un mínimo de seguridad para el retorno de las familias, ni mucho menos el acceso a la justicia y a la reparación. Por eso, las comunidades denuncian como un acto de simulación el arribo de elementos de seguridad del Estado.
La realidad de la Montaña Baja de Guerrero es una expresión hiriente de la magnitud e impacto de la macrocriminalidad en México, donde las personas se quedan en medio entre las disputas por el control de territorios enteros y se vuelven blanco de los ataques del crimen organizado, tal como vemos en las comunidades de Chilapa. El bombardeo coordinado mediante drones contra hogares habitados por población civil parece una escena sacada de alguno de los más graves conflictos bélicos internacionales. Sin embargo, se han vuelto parte de la vida cotidiana en muchos de los territorios campesinos e indígenas del sur mexicano.
La gravedad de estas imágenes vuelven inocultable la incapacidad estructural del Estado para garantizar paz y justicia, y dan cuenta de un panorama en el que no parece haber vuelta atrás, pues las propias autoridades locales permiten el asedio a las comunidades indígenas y trabajan en contubernio con los grupos criminales para el desvío de recursos, el control electoral y el sostenimiento de una muy frágil estabilidad criminal. Esta guerra de exterminio, como le han llamado las comunidades indígenas en los últimos años, es síntoma de una institucionalidad fracturada, incapaz de atender estructuralmente la violencia y la inseguridad en nuestro país, pero también de una voluntad política mutilada que privilegia la atención reactiva en territorios controlados por el crimen organizado
Mientras el Estado mexicano no priorice la presencia integral y efectiva de sus instituciones de seguridad en la Montaña Baja de Guerrero, ni reconozca de fondo las condiciones de precariedad en las que el sistema económico mantiene a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, no podrá prosperar una estrategia que revierta las amenazas estructurales que hoy asedian a esa región del país y que también están presentes en buena parte del territorio mexicano.