La búsqueda de personas desaparecidas no admite esperas: Movimiento Ciudadanía propone obligar a la actuación inmediata

Con el objetivo de terminar con la discrecionalidad y la inacción institucional frente a la desaparición de personas, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, y la diputada Anallely Muñoz Moreno presentaron una iniciativa para garantizar que la respuesta de las autoridades sea inmediata, obligatoria y sin margen de interpretación.

La propuesta establece con precisión qué debe entenderse por “actuación inmediata”, definiendo obligaciones claras para las autoridades desde el primer momento en que se tiene conocimiento de una desaparición. Con ello, se busca cerrar los vacíos que hoy permiten retrasos injustificados y prácticas que contravienen el espíritu de la ley.

“El problema no es solo la norma, sino su incumplimiento. Hoy, muchas familias enfrentan indiferencia, retrasos y hasta negativas por parte de las autoridades. Esta iniciativa pone fin a esa discrecionalidad”, sostuvo Ortega Pacheco.

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, la crisis continúa agravándose: los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos del 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y un alarmante 12% en 2025.

“La desaparición de personas no son cifras: son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre. Cada minuto cuenta, y cada retraso puede ser irreversible”, advirtió la representante Muñoz Moreno.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es la respuesta tardía o negligente del Ministerio Público, a ello se suma una práctica extendida y profundamente dañina: la falsa creencia de que deben transcurrir 24, 48 o hasta 72 horas para poder denunciar una desaparición.

“Esa idea es completamente errónea y ha sido reforzada por malas prácticas institucionales. No solo retrasa las denuncias, también reduce drásticamente las posibilidades de encontrar a las personas con vida”, señaló Anallely Muñoz.

Por ello, la iniciativa es contundente: ninguna autoridad podrá imponer plazos de espera para iniciar la búsqueda, la actuación deberá ser inmediata, sin condiciones ni dilaciones. Además, el proyecto contempla el fortalecimiento de la capacitación de las y los servidores públicos, campañas de difusión para que la ciudadanía conozca su derecho a denunciar de forma inmediata, y sanciones para las autoridades que incumplan con estas obligaciones.