La diputada federal Leticia Barrera Maldonado presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de plazos de pago por el suministro de bienes y servicios.
Explicó que la implementación de un límite improrrogable de 30 días trasciende la mera regulación del derecho privado, para consolidarse como una medida de orden público y una política económica de urgente necesidad.
Garantizar este plazo justo, señaló, inyecta liquidez directa a la base de la cadena de suministro, neutraliza el abuso derivado de posiciones dominantes en el mercado y promueve un desarrollo económico nacional equitativo, dinámico y fortalecido desde el mercado interno.
Subrayó que la aprobación de esta reforma se convierte en una política de supervivencia y desarrollo nacional. “Al garantizar el pago en plazos justos, se inyecta liquidez inmediata a la base de la pirámide productiva del país, permitiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas destinar su capital a la innovación, la mejora salarial y la expansión productiva, en lugar de diluirlo en el pago de intereses por deuda adquirida para subsistir”.
La legisladora priista destacó que neutralizar el abuso de la posición dominante mediante esta reforma asegura un ecosistema de negocios competitivo, promueve un dinamismo económico orgánico y fortalece la justicia distributiva en las cadenas de valor.
Por ello, la propuesta establece que, en los actos de comercio donde el proveedor de bienes o servicios sea una Mipyme y el adquirente una gran empresa, el plazo de pago no podrá exceder de 30 días naturales, contados a partir de la recepción de la factura o comprobante fiscal correspondiente.
Agrega que cualquier pacto, cláusula o convenio que establezca un plazo mayor será nulo de pleno derecho.
En caso de incumplimiento, el saldo insoluto generará intereses moratorios automáticos desde el día siguiente al vencimiento. La tasa aplicable será equivalente a la TIIE a 28 días multiplicada por 1.5, salvo que las partes hubieran pactado una tasa superior en beneficio de la micro, pequeña o mediana empresa.
Finalmente, la diputada Leticia Barrera precisó que la iniciativa prohíbe y sanciona cualquier práctica comercial de grandes empresas que busque eludir el cumplimiento del plazo máximo de pago, incluyendo la imposición unilateral de descuentos por pronto pago, el cobro de comisiones por alta en catálogo o la dilación injustificada en la recepción y aceptación de facturas.