Ante los constantes avisos de alerta, de posibles descarrilamientos, las fallas mecánicas y temor entre usuarios sobre esta “bomba de tiempo” del Tren Maya, el legislador federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, solicitó al Gobierno federal, enviar a la Cámara de Diputados el dictamen de seguridad estructural que, desde un inicio, supuestamente tuvo este proyecto.
“El Gobierno no tiene ni la factibilidad económica del proyecto, así lo han confirmado también diversas organizaciones de ingeniería civil. Sabemos que también los estudios de suelo fueron alterados desde el sexenio de López Obrador”.
Ernesto Sánchez, diputado federal de Oposición por Quintana Roo, precisó que ha habido una inmensa irresponsabilidad de las también empresas que intervinieron con el manto protector y corrupto de instituciones del Gobierno, que deliberadamente otorgaron permisos de obra y ambientales alterados.
Hoy, comentó Ernesto Sánchez Rodríguez, vemos como mucha preocupación que el Tramo 5 del Tren Maya exhibe riesgos de colapso. “Que, desde su planeación, existió una evidente falta de estudios técnicos; la zona ha tenido presencias de suelos kársticos, cavernas, cenotes y ríos subterráneos, situación que no se cuidó ni se previno”.
El tramo 5, el más polémico de la obra entre Cancún y Tulum, pero han salido a relucir señales de alarma, ya lo dijo y documentó Wilberth Esquivel, ingeniero civil.
El panista recordó que tanto ambientalistas, la propia Semarnat y organizaciones, le advirtieron a López Obrador no construir el Tren Maya sobre la selva, al ser un suelo frágil y poroso.
“Esta obra es un elefante blanco de casi 500 mil millones de pesos, pero que ni siquiera ha sido concluida, además no garantiza nada en términos de conectividad y desarrollo regional, por el contrario, sigue dando problemas sobre su impacto ambiental, social y técnico”.
Detalló que al Gobierno de Morena no le importa incumplir las normas de protección al medio ambiente, luego de que, en 2022, Andrés Manuel López Obrador declarara la construcción del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional. “Además, de intentar darle la vuelta a los amparos judiciales promovidos por organizaciones de la sociedad civil para frenar la destrucción del medio ambiente en todo el corredor”.