Con la finalidad establecer la obligación de los entes públicos de indemnizar los daños ocasionados por baches, socavones y deficiencias en la infraestructura vial, el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una iniciativa que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
La propuesta refiere que uno de los primeros deberes de todo Estado, que aspira a ser legítimo ante su población, es garantizar que los servicios públicos que administra funcionen en condiciones adecuadas de seguridad, eficiencia y calidad. Entre estos servicios, el mantenimiento de la infraestructura vial ocupa un lugar fundamental, no sólo por su relación directa con la movilidad, sino porque impacta todos los aspectos de la vida cotidiana: el trabajo, la educación, el comercio, la seguridad y la economía familiar.
Advierte que todos los días, millones de mexicanas y mexicanos salen de sus hogares con un objetivo simple: llegar con bien a su destino. Sin embargo, en ese trayecto cotidiano enfrentan un riesgo que se ha normalizado de manera injusta: calles con los famosos baches, pavimento levantado, coladeras sin tapa que pueden provocar desde una avería mecánica hasta un accidente con consecuencias mayores.
“Este problema no distingue condición social ni actividad económica. Lo sufre el trabajador que usa su automóvil para llegar a su empleo, el padre o madre de familia que transporta a sus hijos a la escuela, el conductor que depende de su vehículo para generar ingresos, el joven que se traslada a la universidad y también el pequeño comerciante que distribuye sus productos. Es una afectación transversal que impacta directamente el patrimonio de la ciudadanía”, indicó.
El diputado por el Estado de México, señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los baches representan el problema urbano que más preocupa a la población mexicana, siendo señalados por más del 80 por ciento de los ciudadanos como la principal deficiencia en sus ciudades.
Este dato dijo, no es menor, porque revela que el deterioro de las vialidades es probablemente la expresión más visible de la distancia que puede existir entre la obligación gubernamental de mantener la infraestructura y la realidad que enfrenta la población. “Pero detrás de esta estadística existe una realidad más profunda: la normalización del daño ciudadano”, expresó.
“Se ha vuelto común escuchar historias de personas que deben pagar de su propio bolsillo la reparación de una llanta destruida por un bache, un rin doblado por un hundimiento o una suspensión dañada por pavimento irregular”, mencionó. Toda vez que lo más grave es que este gasto indicó, que pueden representar una afectación considerable al ingreso mensual de una familia, son asumidos como si fueran inevitables, cuando en realidad derivan de una omisión en el mantenimiento de infraestructura pública.
En ese sentido, Armando Corona agregó que la experiencia demuestra que cuando un ciudadano sufre daños en su vehículo por el mal estado de una vialidad, rara vez inicia un procedimiento de reclamación, “no porque no tenga derecho, sino porque muchas veces desconoce los mecanismos o considera que el proceso será más costoso en tiempo y esfuerzo que la propia reparación”.
Esta situación mencionó, genera una inequidad silenciosa: el costo de la deficiente infraestructura pública termina trasladándose a los ciudadanos, mientras que la responsabilidad institucional permanece difusa.
Asimismo, el legislador federal afirmó que la seguridad vial también se ve comprometida. Añadió que las estadísticas de accidentes de tránsito del INEGI reconocen que las condiciones del camino pueden constituir factores concurrentes en hechos de tránsito, lo que refuerza la necesidad de entender el mantenimiento vial como una política preventiva y no sólo correctiva
“La presente iniciativa parte precisamente de ese principio: no se trata de generar conflictos entre ciudadanos y autoridades, sino de fortalecer una relación basada en responsabilidad, confianza y justicia”, manifestó. Por lo que esta esta reforma “no debe entenderse como un mecanismo sancionador, sino como un instrumento de modernización administrativa que fortalece la cultura de responsabilidad pública”, afirmó.