Con 418 votos a favor, cero en contra y 35 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, cuya finalidad es establecer la libre elección de la persona contribuyente entre las distintas modalidades de garantía del interés fiscal.
El dictamen a la iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, elimina la exigencia de cumplir con el orden obligatorio de las formas de garantía y suprime el deber, a cargo de las personas contribuyentes, de acreditar su capacidad económica a efecto de garantizar el interés fiscal conforme a lo establecido en dicho artículo.
Determina que la garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.
En el régimen transitorio expone que los procedimientos de garantía del interés fiscal iniciados entre el 1 de enero de 2026 y la entrada en vigor del decreto, así como las garantías constituidas durante dicho período conforme al orden establecido en el artículo 141 vigente en el citado período, se podrán sujetar a lo establecido en dicho artículo en su texto reformado, siempre que la persona contribuyente lo solicite expresamente ante la autoridad exactora dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto.
En el caso de garantías ya constituidas, la sustitución no interrumpirá la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución ni generará requerimiento adicional. La autoridad exactora resolverá la solicitud en un plazo no mayor a veinte días hábiles. Los actos ya consumados y no impugnados al momento de la solicitud conservarán sus efectos. El dictamen se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Proteger el interés fiscal sin debilitar la defensa del contribuyente
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, su presidente, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), externó que el documento deriva de la iniciativa que presentó la titular del Poder Ejecutivo Federal y representa un avance relevante hacia un sistema tributario más equilibrado y ágil que busca proteger el interés fiscal sin debilitar la posibilidad de defensa del contribuyente.
Recordó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no solo es un mandato legal, sino un principio fundamental para el funcionamiento del Estado. De ello dependen los recursos que hacen posible financiar servicios públicos, infraestructura y programas que inciden directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos.
Por ello, contar con mecanismos eficaces y justos es una tarea fundamental del Poder Legislativo. El dictamen establece que las y los contribuyentes podrán elegir libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación, lo que elimina la rigidez actual que impone un orden obligatorio y la carga de acreditar su capacidad económica, añadió.
Subrayó que garantizar el interés fiscal no implica el pago inmediato del crédito, sino asegurar que el Estado podrá cobrarlo en caso de que la resolución le sea favorable. Este mecanismo permite además que las y los contribuyentes pueden acudir a instancias de defensa sin enfrentar de manera inmediata procedimientos de cobro, lo cual lo convierte un elemento clave para el acceso efectivo a la justicia fiscal.
Tal situación –abundó– corrige distorsiones operativas que en la práctica generan costos adicionales, al tiempo que reduce cargas administrativas y evita la inmovilización innecesaria de recursos por parte de las y los contribuyentes, ya que en muchos casos la obligación de seguir un orden rígido implicaba que empresas y personas tuvieran que recurrir a mecanismos menos adecuados a su realidad financiera, generando tensiones de liquidez o costos adicionales que podían evitarse con un esquema más flexible como el que se propone.
Comentó que el dictamen es claro: no se pretende debilitar la obligación de garantizar el interés fiscal ni la capacidad del Estado para recaudar, sino que se establece un mecanismo para hacerlo más eficiente. Al facilitar el cumplimiento se incentiva que más contribuyentes puedan garantizar sus adeudos de manera oportuna, lo que fortalece la recaudación y reduce la necesidad de recurrir a procedimientos de ejecución más complejos y costosos.
Asimismo, las seis modalidades con las que se garantiza el interés fiscal no desaparecen ni se modifican en su esencia, por lo que seguirán siendo billete de depósito, carta de crédito, prenda, fianza, embargo, lo cual es fundamental porque se conserva con ello la solidez del sistema al no eliminar herramientas, pero al mismo tiempo se facilita que se utilicen de manera más racional, flexible y acorde a lo que cada contribuyente requiera.
“El interés público no se debilita, toda vez que ahora el contribuyente podrá garantizarlo con una combinación del conjunto de opciones que permite la ley. Se promueve un entorno de mayor confianza para la inversión, lo cual impulsará el crecimiento económico y el empleo al tiempo que busca el equilibrio entre las facultades del Estado y la certeza jurídica”, añadió.
También para fundamentar, el diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) argumentó que el dictamen cumple a cabalidad con diversas condiciones para su aplicación, como el cumplimiento en el ejercicio del gasto y hacer flexibles las garantías de las personas contribuyentes.
Resaltó que es un elemento que permite consolidar la justicia tributaria y hará precisos los criterios, evitando litigios. La modificación al artículo 141 del Código Fiscal aporta certeza jurídica a las personas contribuyentes y a las autoridades fiscales las obliga a revisar y verificar los procesos de recaudación con probidad y mayor eficiencia.
Además, mantiene flexible el catálogo fiscal, ya que la persona contribuyente queda completamente libre de acreditar su capacidad económica. Otorga cabal y clara posibilidad de inversión en nuestro país. Genera empleos y las personas contribuyentes obtienen certeza jurídica. “Los más de 66 millones de personas contribuyentes obtendrán el beneficio de esta reforma. Las Mipymes recibirán mejores condiciones para su propio crecimiento”.
Esta reforma devuelve los derechos a los contribuyentes
Por Morena, la diputada Leticia Farfán Vázquez expuso que la reforma tiene como propósito eliminar el orden obligatorio del catálogo de modalidad de garantías para que los contribuyentes elijan libremente la forma de pago y suprimir la exigencia de demostrar la incapacidad económica; esto simplifica el proceso, reduce la discrecionalidad y devuelve los derechos a la ciudanía. Aclaró que estas medidas no debilitan la posición de la hacienda pública.
Claudia Rivera Vivanco, diputada de Morena, indicó que estas adecuaciones eficientan los mecanismos de recaudación sin la necesidad de aumentar impuestos, y combate la evasión fiscal. “La reforma parte de la premisa de que el Estado debe ser fuerte para recaudar, pero justo para exigir, esto implica que los contribuyentes sean sujetos de derechos; es decir, se elimina un esquema rígido para hacerlo más flexible”.
La reforma va a dejar la ley como estaba antes
Al hacer uso de la palabra, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, diputado del PAN, señaló que la reforma viene a corregir el error que se cometió el año pasado al modificar el mismo artículo del Código Fiscal que se discute hoy, que obligó a los contribuyentes que litigan un crédito fiscal con Hacienda a que pusieran el dinero suficiente para garantizarlo.
Enfatizó que con esa modificación “apretaron a los contribuyentes irracionalmente” y ahora están enmendando la plana para dejar la ley como estaba hace tres meses.
Se reconoce la realidad económica de contribuyentes
Del PVEM, el diputado Mario Alberto López Hernández indicó que se discute una reforma relevante al 141 del CFF que contiene implicaciones profundas en la relación entre el Estado y las personas contribuyentes y corrige una rigidez innecesaria del sistema, lo hace más lógico y acorde con la realidad económica de quienes cumplen sus obligaciones fiscales.
Propone pasar de un esquema rígido con un orden obligatorio de modalidades de garantía, a otro donde las personas contribuyentes puedan garantizar el interés fiscal en cualquier forma. Se reconoce que la realidad económica y los estratos de ingresos es diverso y se devuelve la posibilidad de elegir el mecanismo que se adapte mejor a la situación del contribuyente.
Fortalece el sistema fiscal con justicia y responsabilidad
Por el PT, el diputado José Antonio López Ruiz expresó que votar a favor del dictamen fortalece el sistema fiscal con justicia y responsabilidad y no significa imponer cargas innecesarias, sino construir reglas más justas, claras y eficientes para las personas contribuyentes. Además, reconoce que el Estado debe garantizar condiciones reales para que dicha obligación se cumpla sin vulnerar derechos y, sobre todo, sin obstaculizar el acceso a la justicia fiscal.
Destacó que la reforma equilibra correctamente dos principios fundamentales; por un lado, el derecho del Estado a recaudar de manera efectiva, y por otro, las garantías de las personas contribuyentes a defenderse en condiciones reales y sin obstáculos indebidos. Anunció que su voto será a favor porque reduce la burocracia, limita la discrecionalidad y aumenta la certeza jurídica.
Realizar auditorías mucho más eficientes
Para el diputado Yericó Abramo Masso (PRI) este cambio en la legislación permitirá que se realicen auditorías mucho más eficientes que permitan el pago de manera más rápida, sin la obligación de contar con el respaldo obligado que pedía anteriormente el SAT. Explicó que con la modificación ahora podrá realizarse con una garantía, ya sea una propiedad o un respaldo de cuenta de cheques en el banco.
Además, permite nuevamente al contribuyente elegir libremente la forma de pagar su garantía, eliminando el deber de mostrar la capacidad económica como requisito. Anunció que votarán en abstención “para dejarlo como una evidencia” de que se tiene que legislar con frialdad jurídica, cercanía a la gente y buscando la construcción de leyes que duren para la posteridad.
Fortalece la certeza jurídica para las personas contribuyentes
De MC, la diputada Patricia Flores Elizondo señaló que el dictamen elimina un esquema rígido que obligaba a seguir un orden específico para otorgar garantías; asimismo, restituye algo fundamental: la libertad de elección del contribuyente sobre cómo cumplir con dicha obligación. Reconoció que el dictamen devuelve la flexibilidad al sistema, reduce cargas administrativas y fortalece la certeza jurídica para las personas contribuyentes.
Dijo que esta reforma, en los hechos, acepta que la modificación anterior obedeció a un hecho en particular, cuando decidieron imponer un esquema más rígido que obligaba a las personas a demostrar incluso su incapacidad económica para optar por otra forma de garantía. Mencionó que, aunque no lo diga textualmente, Hacienda reconoce que ese camino fue equivocado. “Legislar mal provoca costos y desgastes, tanto para la autoridad como para el pueblo de México”.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, instruyó a la inscripción integra en el Diario de los Debates de las propuestas de modificación que fueron registradas para su discusión en lo particular y que no se presentaron ante el Pleno de la Cámara.